El Consejo de Gobierno aprobará hoy el proyecto de la Ley Audiovisual de Andalucía, que establece un sistema de incentivos para proyectos de creación, producción, distribución y promoción, y que eleva hasta un millón de euros la sanción por infracciones muy graves, como la emisión sin licencia.
El mapa audiovisual andaluz está integrado por más de medio millar de entes públicos y privados, de los que unos 130 son televisiones (un centenar privadas, aunque no todas emiten, y el resto públicas) y 400 emisoras de radio. La nueva norma, que pretende cubrir aspectos insuficientemente desarrollados por la normativa estatal, establece un sistema de incentivos que se concretarán a través del futuro Plan de Ordenación e Impulso al Sector Audiovisual.
El proyecto normativo amplía los derechos de los usuarios, la protección de los menores y el control de las emisiones ilegales, y refuerza el régimen sancionador.
La ley impone obligaciones concretas a administraciones y medios de comunicación para la protección de los menores en sus derechos al honor, la identidad y la imagen, además de garantizar el conocimiento de los contenidos de los servicios de televisión y sus horarios de emisión con una antelación suficiente. Entre otras novedades, se ampliarán las franjas horarias de protección reforzada vigentes ahora y fijados por la legislación estatal básica.
De forma similar, la ley garantizará los derechos de las personas con discapacidades auditivas y visuales.
