El que fuera consejero de la Cámara de Cuentas durante 19 años Antonio Marmolejo defendió ayer que, si los informes de este órgano de fiscalización no apreciaron «tacha alguna» de ilegalidad en las ayudas de los ERE, «no es porque se le pasara a nadie, porque los auditores lo ven todo». Marmolejo declaró como testigo en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, que se reanudó ayer tras el parón estival con una sesión más ligera de lo previsto, ya que de los cinco testigos citados sólo han comparecido tres. El exconsejero de Cuentas hasta hace dos años defendió reiteradamente la labor del órgano fiscalizador, que en los informes anuales de las cuentas generales de la Junta nunca alertó de irregularidades en las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis dadas por la Dirección General de Trabajo y pagadas a través de la agencia pública IDEA (antes IFA). Según Marmolejo, los auditores de la Cámara de Cuentas hacían una «labor de investigación» cada año; son «funcionarios de alta cualificación» que están «actualizados constantemente» y «son profesionales muy cualificados».

A su juicio, en las cuentas generales de la Junta quedaba claro que las ayudas las daba la Dirección General de Trabajo y las pagaba IFA/IDEA y, aunque el fiscal en su interrogatorio ha tratado de cuestionarle si se indicaba eso literalmente, Marmolejo ha insistido en que «algo así» se podía leer en las mismas. A preguntas del letrado del PP-A, que ejerce la acusación popular, Marmolejo admitió que las auditorías de la Cámara de Cuentas se hacen por muestreo y no recuerda que se analizarán especificamente las ayudas de los ERE. Preguntado por qué los consejeros modificaron las conclusiones de los auditores en el informe encargado de revisar las ayudas de este programa dadas entre 2001 y 2011 tras estallar la investigación judicial, aseguró que «en todos» los informes los consejeros hacen modificaciones, «pero siempre se respetaba el nudo gordiano». También declararon dos exjefes de servicio de gestión administrativa de la Secretaría General Técnica de Empleo, María Victoria Pérez y Manuel Sivianos.