El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha explicado este jueves que su departamento, mediante la Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, está elaborando una hoja de ruta sobre el diseño del mapa judicial de la comunidad a fin de atajar las deficiencias que ha detectado, tales como la dispersión de las mismas, el deficiente de mantenimiento "de muchas de ellas" y el uso del modelo de arrendamiento, que espera reducir "en torno al 15-17 por ciento a lo largo de la presente legislatura".
Durante su intervención ante la comisión parlamentaria de su departamento, Marín ha explicado que están diseñando el referido mapa judicial "por provincias y según las demandas y necesidades del sector", todo tras concretar que de las más de 150 sedes judiciales con las que cuenta Andalucía, "85 están en buen estado, un 30 por ciento requieren actuaciones de reformas parciales y un total 22 necesitan una actuación urgente o una solución alternativa que esta Consejería tendrá que plantear".
El vicepresidente ha explicado que lo primero que ha hecho su Consejería en este marco ha sido, "desde el rigor y la profesionalidad", encargar un diagnóstico sobre el estado de las sedes judiciales en el que han detectado "tres grandes problemas" como son "el uso del modelo de arrendamiento, la dispersión de las sedes que provoca confusión en los usuarios, y el estado deficiente de mantenimiento de muchas de ellas".
"La gestión de las infraestructuras judiciales ha sido deficiente en muchos aspectos, lo denuncian desde hace mucho tiempo los profesionales del sector", ha sostenido antes de apuntar que si bien muchos arrendamientos se llevaron a cabo de forma precipitada por las necesidades del momento, el nuevo Gobierno andaluz apuesta por "ir eliminando alquileres e incorporar al patrimonio de la Junta estos edificios".
Y es que, como ha explicado el consejero de Justicia, el modelo de arrendamiento plantea problemas a la hora de poder rehabilitar y hacer obras en las infraestructuras judiciales que hacen uso del mismo porque, entre otras cosas, "necesitamos autorización de los propietarios para poder llevarlas a cabo y esto retrasa los plazos".
Ha concretado que un 40,13 por ciento de las sedes son de arrendamiento y cuestan a las arcas públicas "más de 25 millones de euros", de los que diez se corresponden a la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que si los plazos siguen adelante, "más allá del 2030 pasará a ser nuestra". Además, ha apuntado que en diez años "el gasto ha aumentado en un 17,72 por ciento".
PSOE-A SALUDA QUE SIGA "UNA LÍNEA CONTINUISTA"
Para posicionar al PSOE-A, Rosa Aguilar ha replicado al vicepresidente que el diagnóstico al que se ha referido durante su intervención "está hecho y fue bueno porque fue dialogado con los grupos parlamentarios en la pasada legislatura y porque se le trasladó a los operadores jurídicos y a los trabajadores del sector". Además, le ha afeado que diga "verdades a medias" al apuntar que el gasto en arrendamiento es de más de 25 millones y le ha pedido que "sitúe en su justo lugar lo que se paga por Córdoba y luego diga la cantidad real de los arrendamientos".
Además, ha explicado que algunos de los alquileres vigentes son consecuencia de que hay sedes "con defectos estructurales que no se pueden resolver o que hay que abordar de inmediato" por lo que "se arrendaban para no mantenerlas en mal estado varios años más hasta que se puedan construir las nuevas sedes". "No hable del arrendamiento como el maldito de las infraestructuras judiciales", ha agregado Aguilar, que ha acusado a Marín de "apropiarse como propio de lo hecho por el anterior Gobierno del PSOE-A" porque el mapa "ya estaba planificado" y, por tanto, mantiene "una línea continuista" que "es cierta y segura".
Inmaculada Nieto, de Adelante Andalucía, tras apuntar que los inmuebles ya estaban deteriorados cuando llegaron a manos de la Junta, ha considerado "perentorio" atender los retos de la accesibilidad y la planificación de la obra nueva, "para evitar la dispersión y mejorar la percepción de patrimonio abandonado, tanto para los trabajadores como para los usuarios". Sobre la colaboración público-privada, ha apelado a "la sensatez y el buen criterio para que en la planificación de obra futura se destacarte ese modelo".
Por Vox, Ángela Mulas ha advertido de que la situación de las infraestructuras "es mejorable" y ha defendido que "hay que hacer un diagnóstico global, analizar la situación y que eso sirva base para hacer un plan que tenga una duración determinada". Cree que esta es "una oportunidad de hacer real el cambio que plantea este Gobierno", con un plan que suponga "modernización", contratando a personal especializado y llevándolo a cabo "con criterio jurídico", a la par que también ha urgido atender la situación de los archivos judiciales y ha defendido que las competencias deberían ser estatales y no autonómicas.
Rosalía Espinosa, del PP-A, ha saludado que "por fin" haya en esta comisión "el compromiso de un gobierno serio" porque "escuchamos por fin hablar a un consejero de un mapa judicial digno para esta comunidad autónoma". Ha considerado "absolutamente necesario" la hoja de ruta planteada por Marín porque "las carencias y el mal estado de las sedes viene siendo denunciado desde hace muchos años por los profesionales de la justicia".
En nombre de Ciudadanos (Cs), Raúl Fernández ha considerado "totalmente inconcebible" el gasto del Gobierno andaluz en alquiler de sedes judiciales, al tiempo que ha saludado el plan planteado por el vicepresidente para atajar este y otros problemas, tales como la "obsolescencia" de las infraestructuras o la dispersión de las infraestructuras.
