La fiscalía ha decidido hacer frente a las aplicaciones y webs como Social Drive o Waze que avisan de la ubicación de los controles policiales. Dos semanas después de que la Dirección General de Tráfico (DGT) propusiera la ilegalización de estas prácticas, el fiscal de sala de Seguridad Vial, el cordobés Bartolomé Vargas, se ha sumado a la ofensiva remitiendo un oficio a todos los cuerpos policiales en el que les pide recaben información sobre el modus operandi de las apps y de como entorpecen su labor. Se trata de investigar, por una parte, si llevan a cabo alguna actividad prohibida por la actual legislación, y por otra de tener los datos suficientes para elaborar una propuesta de ilegalización que la fiscalía general incluiría en su memoria anual. Aunque esperará a recibir toda la información para pronunciarse, el equipo de Vargas ya trabaja en la reforma legislativa que se podría introducir «a través de la ley de Seguridad Ciudadana o de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial», señaló en la rueda de prensa donde ha explicado el contenido del oficio. Las apps podrían estar vulnerando la actual legislación si sus fuentes de información no son solo las de conductores que avisan de lo que ven en la carretera. Esto sí es legal actualmente.
Pero si ofrecen el itinerario que va a llevar a cabo alguna dotación de la Guardia Civil, por ejemplo, estarían cometiendo un delito de revelación de secretos. No sería la primera vez que se condena a una web por este tipo penal.
El valor de que la fiscalía se sume a la ofensiva de la DGT radica en que la propuesta de esta última la ha formulado su actual director, Pere Navarro. Si éste no siguiera en el cargo tras las elecciones, la continuidad de la propuesta dependería la decisión de su sucesor, así como la del futuro titular que asuma el Ministerio del Interior, del que depende la DGT. MANUEL VILASERÓ
