El juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha culminado la organización de los despachos en los que trabajan los funcionarios que tramitan el caso ERE, y también ha agrupado los 572.061 folios de la instrucción, que comenzó hace seis años la juez Mercedes Alaya. El juzgado sufrió una transformación desde que María Núñez Bolaños llegó al despacho en junio del 2015 para ocupar la plaza que dejó libre Alaya, que había abierto varias macrocausas, entre ellas los ERE, los cursos de formación, el caso Betis o Mercasevilla.
Desde que llegó la nueva titular, se habilitaron nuevas dependencias en el edificio de los juzgados de Sevilla para el personal extra con el que se reforzó la instrucción de las macrocausas: dos jueces, cuatro funcionarios y una secretaria judicial. El mes pasado dejó de trabajar como juez de refuerzo el magistrado Álvaro Martín, junto al que estaban varios funcionarios y la secretaria judicial de apoyo, todos los cuales han sido ubicados esta semana en otras zonas más cercanas a la titular del juzgado.
Las dependencias estaban muy dispersas en la segunda planta de los edificios de los juzgados de Sevilla, y ahora, tras la reorganización culminada, los despachos que se ocupan han quedado casi colindantes.
La misma reorganización de los espacios físicos se ha hecho con los expedientes de los ERE, un caso dividido en varias piezas, la principal de ella la denominada política o del procedimiento específico, en la que hay procesados 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Entre la rama principal de lo ERE y la pieza política se han contabilizado 572.061 folios, según los cálculos de una de las partes personadas, todos los cuales están en un mismo despacho.
En el proceso de ordenar los expedientes de los ERE, en julio pasado se supo que se habían localizado 31 documentos de la causa que no estaban clasificados y que se recibieron cuando Alaya dirigía la dependencia judicial. Entre la documentación no clasificada había oficios del Tribunal Supremo, del Congreso y del Senado devolviendo notificaciones y un oficio de Chaves y Griñán.
También había información de la Junta de Andalucía sobre el Grupo Mineralogista Onubense Faja Pirítica, que fue requerido por el juzgado en el 2011, así como escritos presentados por algunos imputados. El juzgado ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del hallazgo de estos documentos, ninguno de los cuales tenía fecha de registro de entrada en el juzgado.
