El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde al inicio de la tramitación del primer Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, que establece una programación de las medidas que llevará a cabo la Junta para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.

El plan será remitido ahora a distintas consejerías del Gobierno andaluz, a las administraciones locales y a las entidades vinculadas a este ámbito para que presenten sus alegaciones, tras lo que se elevará al Consejo de Memoria Histórica, órgano consultivo encargado del estudio, la investigación y las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley, aprobada el pasado año por el Parlamento.

El número de desaparecidos en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura asciende a unas 60.000 personas y, desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica, la Junta ha realizado 70 actuaciones en esta materia. «Nos encontramos a la vanguardia en el desarrollo de estas políticas», aseguró el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Al igual que la Ley de Memoria Democrática, el plan se dirigirá al objetivo central de garantizar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista bajo los principios de verdad, justicia y reparación. El plan se configurará como instrumento de referencia para las iniciativas reguladas en la ley, principalmente trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas; conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Lugares de Memoria Democrática de Andalucía; recuperación de documentos y testimonios orales; adquisición, copia o suscripción de convenios sobre el material custodiado en archivos; fomento de las entidades memorialistas, y desarrollo de proyectos de investigación.

Hasta el momento, se han realizado unas 70 intervenciones por parte de la administración autonómica, los familiares de víctimas, las entidades memorialistas, los ayuntamientos y el Gobierno de España, si bien a partir de 2012 se cancelaron las iniciativas y partidas presupuestarias estatales en esta materia, recordó el vicepresidente de la Junta.

El decreto de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, aprobado en el 2011, ha permitido ya la declaración de 50 espacios de estas características, entre ellos el lugar de fusilamiento de Blas Infante en el cortijo de la Gota de Leche en Sevilla, la fosa del cementerio de San Rafael, los muros de Puerta Tierra en Cádiz o la esquina en la que se produjo la muerte de Manuel José García Caparrós en Málaga.

Actualmente, tras la finalización de la fase de valoración, la Junta tramita la declaración de 13 nuevos Lugares de Memoria Democrática en seis provincias andaluzas. Se trata de la fortificación del Estrecho de Gibraltar y la fosa común del cementerio de San Roque en Puerto Real, en Cádiz; la plaza de la Constitución y el cementerio de Baena; el refugio antiaéreo de la plaza de España de Villanueva, en Córdoba; y la colonia de Víznar, en Granada, entre otros lugares.