La Junta rechaza la exigencia de responsabilidad a Chaves y Griñán

«Es una petición desproporcionada; estamos hablando de personas íntegras, honestas y que han actuado cabalmente en la gestión como servidores públicos», dijo el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, al ser preguntado sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En la propuesta de dictamen se señala que Chaves y Griñán han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería de Empleo «y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las consejerías y como tales son responsables».

El portavoz se preguntó si los grupos de la oposición considerarían «responsable político» al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, de las actuaciones de Luis Bárcenas «porque lo eligió él para ser tesorero» del partido. «Apliquemos la misma vara de medir a todo el mundo», reclamó Vázquez, que destacó que el dictamen elaborado por la comisión de investigación confirma «lo que ya ha dicho la investigación judicial y es que no hay menoscabo de fondos públicos, es decir, que no hay fraude».

CIUDADANOS SE QUEDA SOLO / Ciudadanos se quedó solo ayer en la defensa del dictamen provisional de la comisión, elaborado por su diputado Julio Díaz, un documento cuestionado por «insuficiente o abstracto» por el resto de partidos políticos. PSOE, PP, Podemos e IU, que han anunciado que presentarán propuestas para cambiar el dictamen, coincidieron en la crítica al informe.

Mientras los socialistas consideran «intolerante» que se culpe a los expresidentes con argumentos «abstractos», el PP, Podemos e IU creen esta responsabilidad es «insuficiente» y que deberían alcanzar a la presidenta andaluza, Susana Díaz, por el perjuicio causado al decidir hace cinco años la suspensión de los cursos, y al actual consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado.

El PSOE cree que las decisiones judiciales «desmontan» un extremo «ajeno» a la realidad y basado en «mentiras y apriorismos». Para la diputada Marisa Bustinduy, ha quedado «demostrado» que no había conspiración ni trama en la Junta para delinquir ni un entramado próximo al PSOE, ni menoscabo de fondos públicos.

Por el contrario, para la portavoz del PP-A, Carmen Crespo, las responsabilidades políticas están «muy claras» y alcanzan a Susana Díaz, y no entiende cómo se «libra» a la presidenta, que también fue consejera de Presidencia con Griñán, cuando «ha suspendido los cursos cinco años» y ha «obstaculizado» que se conozca la verdad. «En la paralización tiene una responsabilidad clara, también en obstaculizar la labor de investigación», agregó Crespo, que sostuvo que el dictamen está pactado entre C’s y el PSOE.

Podemos, por medio su diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe, rechazó que las responsabilidades «se reduzcan» a dos personas «jubiladas y dimitidas (por Chaves y Griñán), y calificó las conclusiones de las investigación de «decepcionantes». «La exoneración de responsabilidad de la presidenta no tiene sentido ninguno. Las irregularidades pueden haber sucedido, pero de la política activa debe responder Susana Díaz, que dijo en la comisión que fue ella la que ordenó suspender los cursos», manifestó.

En términos muy parecidos, la diputada de IU Elena Cortés dijo que la petición de responsabilidades se queda «corta» al «obviar» la «negligencia y pasividad» de Díaz y Sánchez Maldonado.

Ciudadanos elogió la propuesta de dictamen del presidente de la comisión, Julio Díaz, diputado de este partido, por ser un trabajo «riguroso, objetivo y de precisión de cirujano al conjugar las sensibilidades de cinco grupos parlamentarios». Asimismo, compartió que Susana Díaz no formaba parte de los gobiernos implicados en las supuestas irregularidades en la concesión de las subvenciones de los cursos de formación, según la diputada Marta Bosquet.

Los grupos tienen desde ayer un plazo de 20 días para la modificación de las conclusiones.