La Junta de Andalucía va a proponer a la Unión Europea (UE) una reprogramación de las actuaciones en materia de infraestructuras financiadas por Fomento con fondos Feder y considera que la «escasa» ejecución en este área, del 23%, implica que haya 735 millones «que peligran en mayor o menor medida». La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, explicó tras el Consejo de Gobierno que se asignaron a su departamento con fondos Feder 2014-2020 un total de 835 millones para proyectos e infraestructuras, pero se ha ejecutado un 23% y se han certificado y cobrado sólo 100 millones (un 12%).
Según las estimaciones del Ejecutivo andaluz, las ayudas comunitarias no ejecutadas suponen que 7.000 puestos de trabajo estén en riesgo, así como una caída de fondos que equivale al 0,23% del producto interior bruto (PIB) de la comunidad. En el total del Gobierno, para el periodo 2014-20 se programaron un total de 8.015 millones de fondos Feder, de los que sólo se certificaron ante la Comisión Europea el 19,78%, explicó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, informa Efe.
El portavoz denunció que desde la década de los 90 los gobiernos socialistas han «malgastado» miles de millones, ya que Andalucía ha recibido más de 100.000 millones de fondos europeos y sigue «en el vagón de cola» de las comunidades. En el área de Fomento, Carazo manifestó que los 735 millones suponen una prioridad para el Ejecutivo, para no tener que devolverlos a Europa, por lo que apostó por cambiar la gestión de esos recursos hasta el 2023, ya que hay tres años de margen para la finalización y puesta en funcionamiento de las obras.
CARRILES BICI
Entre las novedades en la gestión de estos fondos, la consejera detalló que no se volverán a incluir actuaciones sin que se haya suscrito previamente el pertinente convenio con los ayuntamientos y que no se seguirá aplicando este tipo de cofinanciación a proyectos que no sean competencia de la Junta, como es el caso de los carriles bici urbanos. Además, la consejería se marca el objetivo de acabar con los «desfases» en las verificaciones y evitar que estos programas estén «condicionados» a la financiación de otras administraciones, ya que «complica la ejecución», dijo Carazo.
Respecto a la ley de contratos, admitió que ha podido producir retrasos en las licitaciones pero opinó que se deben planificar «a tiempo» para evitar los problemas. En principio, el Gobierno andaluz solicitará a la Unión Europea una reprogramación de fondos por más de 31 millones cuya mayor parte supondrá un aumento de la partida para conservación de carreteras, en especial en tramos de concentración de accidentes.
