El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que entre otras novedades establece un mayor control sobre productos con precios anormalmente bajos para evitar fraudes o prácticas desleales, lo que puede acarrear sanciones de hasta 50.000 euros. Esa es la multa prevista para ese tipo de actuaciones, aunque la nueva norma prevé sanciones de hasta 800.000 euros para las faltas más graves y, en todo caso, la penalización siempre será superior al beneficio obtenido de manera ilícita, informa Efe.

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, detalló que la nueva norma incluye medidas para la reducción del desperdicio alimentario y obliga a gestionar los excedentes con fines sociales. Destacó que la nueva ley otorga especial protagonismo a las mujeres y los jóvenes, al reconocer a ambos colectivos como grupos preferentes en concesión de ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas.

También incluye medidas para facilitar a las mujeres la participación e interlocución en cuadros técnicos y directivos, explotaciones, empresas, grupos de desarrollo rural, consejos reguladores y organizaciones interprofesionales. «Es una ley que mira al futuro», aseguró Sánchez Haro, que incidió en que marcará las directrices de un sector que supone el 8% del PIB regional, el 10% del empleo de la comunidad y más de la tercera parte de las exportaciones.

PROTECCIÓN DEL SUELO / El texto, que será enviado al Parlamento de Andalucía para su tramitación definitiva, incorpora medidas «pioneras» en España en aspectos como la protección del suelo agrario, pues prevé la declaración de zona de protección agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a la preservación de aquellos espacios donde la actividad tiene una gran relevancia ambiental o social, como es el caso de la Vega de Granada.

Con el fin de conseguir una cadena agroalimentaria más equilibrada, el texto incorpora controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado concuerdan con lo reflejado en la etiqueta. En el caso negativo, la responsabilidad recaerá solidariamente no sólo en el vendedor sino también en el resto de operadores agroalimentarios (productores, transformadores y comercializadores) que no denuncien estos productos sospechosos. Para aumentar la seguridad y trazabilidad, los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas, con el fin de facilitar su seguimiento y control, además de evitar robos y fraudes. Los operadores estarán legalmente obligados a denunciar todas aquellas falsificaciones y adulteraciones que detecten, así como a retirar del mercado los productos que no cumplan con la normativa.

En relación con la función social de la cadena alimentaria, la futura ley obligará a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros establecimientos a recuperar y entregar el excedente a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos de reutilización.