El Gobierno andaluz denunció ayer que había 496 planes urbanísticos -generales y especiales- «atascados» en el «laberinto» de la tramitación, que se han encontrado guardados «en cajones de diferentes mesas», y anunció que ya está casi concluido el borrador de la nueva ley de suelo y urbanismo. Solo 179 de los 786 municipios andaluces, un 22%, cuenta con el planteamiento ajustado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), informó la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, tras el Consejo de Gobierno en el que presentó un informe sobre este asunto.

«El atasco tiene una dimensión mucho mayor de lo que se pueden imaginar», advirtió Carazo, quien garantizó que la nueva ley que están preparando buscará agilizar tramitación pero no será «barra libre a ningún desmán urbanístico», ya que «el cumplimiento de la norma es sagrado» para este Gobierno. Carazo espera que la nueva ley esté «cuanto antes», aunque la tramitación parlamentaria añadirá después otros ocho o nueve meses.

Carazo habló de «colapso y bloqueo» en la tramitación de los planes urbanísticos por parte de los anteriores gobiernos debido a la «complejidad normativa», la «lentitud absoluta» en la tramitación y la «invasión de competencias locales». Tres de cada cuatro municipios andaluces no disponen de un instrumento general de planeamiento adaptado a la LOUA después de 16 años y de ellos el 82% se encuentran «atascados en la farragosa tramitación», según la consejera.

De los 496 planes urbanísticos «atascados», únicamente 10 están pendientes de la aprobación definitiva y 361 no han alcanzado ni la primera fase, de aprobación provisional. Además, hay 51 municipios que todavía no tienen ninguna figura de planeamiento porque «el Gobierno anterior no se preocupó». La media para aprobar un plan urbanístico es de 9 años, aunque hay casos como el de Macharaviaya (Málaga) que ha sido aprobado por el nuevo Gobierno después de 18 años en espera.

La consejería ha aprobado seis instrucciones para acortar plazos de tramitación, unificar y aclarar la aplicación de la normativa y ganar «flexibilidad» en el desarrollo de los planes generales. Entre ellas, destaca la eliminación del trámite de aprobación provisional en instrumentos de planeamiento tramitados y aprobados por la misma administración, la unificación de criterios o la creación de mesas de trabajo con los ayuntamientos. Carazo explicó que hay 235 textos legales en la comunidad que afectan al urbanismo entre los autonómicos y los estatales, por lo que el objetivo es «reducir normas».

EMPRESAS AGRÍCOLAS / Por otro lado, el Gobierno andaluz ha acordado agilizar hasta final de año la concesión de 75 millones de euros en incentivos para potenciar el relevo generacional en el campo andaluz, unas ayudas que permitirán la creación de hasta 1.250 empresas de jóvenes agricultores. Entre las medidas, se encuentra la decisión de anticipar 30 millones de la convocatoria que estaba prevista para final de año, de manera que, al contabilizar esta cantidad con la partida actual de otros 30 millones, estos incentivos se agilizan y el presupuesto disponible para ello se duplica.