La Junta pondrá en marcha un plan de choque con «vocación de permanencia» para reforzar e incrementar los recursos contra la violencia machista, en concreto sobre las unidades de valoración integral y los equipos psicosociales en los juzgados de familia, con una dotación de unos 2,9 millones. Las medidas, avanzadas en el Parlamento por el vicepresidente andaluz, Juan Marín, suponen el incremento de los recursos humanos, de forma que habrá un equipo multidisciplinar más en siete de las ocho unidades de valoración, integrados por un médico forense, un psicólogo y un trabajador social.

«Se van a reforzar las ocho unidades, pasando a tener dos en cada provincia, salvo en Cádiz, que contará con tres unidades», lo que implica la contratación de ocho médicos forenses, ocho psicólogos, ocho trabajadores sociales y ocho administrativos que se incorporarán en la primera quincena de junio, detalló.

El plan incluye, además, el refuerzo de los órganos judiciales con competencias en violencia contra la mujer, lo que «redundará» en una disminución del «atasco» en la tramitación de expedientes y en una mejor atención a la ciudadanía.

Para ello, el vicepresidente confirmó el refuerzo de los juzgados y órganos que tengan competencia en violencia sobre las mujeres, en concreto en 51 juzgados mixtos o en los juzgados penales con competencia exclusiva en esta materia. En total, se van a nombrar 94 tramitadores interinos que empezarán su trabajo a partir del 3 de junio, medidas que en su conjunto supone una dotación de algo más de 2, 9 millones. Respecto a los equipos psicosociales, el consejero avanzó que se ha elaborado un borrador de protocolo para «estandarizar» los informes de estos equipos externos.

Marín ha dado orden de no renovación de contratos de los trabajadores no colegiados o de prorrogar los que únicamente sea necesario por el tiempo de convocatoria de una nueva licitación pública con equipos psicosociales. Las nuevas contrataciones incluirán precios homogeneizados en todas las provincias, exigirá la colegiación de profesionales cuando lo recoja la normativa, formación específica y que los trabajadores estén vinculados a las empresas laboralmente.

A propósito de la polémica suscitada por las demandas de información sobre estas unidades y las sospechas vertidas contra algunos de sus profesionales por Vox, el vicepresidente negó que el Ejecutivo haya puesto en cuestión a esos trabajadores y cree que la mejor forma de reconocer su trabajo es «dotarles de más medios, lo que llevan pidiendo muchos años», subrayó. Marín rectificó los datos ofrecidos sobre la colegiación de los profesionales de las unidades valoración y equipos psicosociales. «Hoy no son el 50% los profesionales no colegiados. En equipos psicosociales solo el 12% no están colegiados, mientras en el caso de los médicos forenses el porcentaje alcanza únicamente al 11%», matizó.

A las explicaciones del vicepresidente respondió con críticas la diputada socialista Mercedes Gámez, que vinculó las medidas a la proximidad de las elecciones municipales y acusó a la Junta de «dar altavoz a discursos que acosan» a los profesionales de la violencia de género.