El PP andaluz cifró ayer en unos 16 millones de euros la cantidad que la Junta deberá abonar a las farmacias de la comunidad por la aplicación del decreto de dispensación de medicamentos, que excluyó uno 200 fármacos, y que ha sido declarada «ilegal» por los tribunales. «Se trató de una decisión arbitraria, ilegal, hecha desde la imposición, desde el ordeno y mando. Nos va a costar a todos los andaluces casi 16 millones si se atienden las demandas de las oficinas de farmacia», aseguró ayer el vicesecretario de coordinación política, Toni Martín.
La Consejería de Salud acusó ayer al PP de «usar la sanidad sin escrúpulos políticos, faltando a la verdad», a la vez que recordó que «el mayor castigo en la factura farmacéutica es el impuesto por el Partido Popular con el copago a los pensionistas».
