El Gobierno andaluz ha aprobado hoy una rebaja progresiva en cinco años del tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas para equiparar la cuota autonómica a la estatal en el IRPF, que supondrá la "devolución al bolsillo" de los contribuyentes de 149 millones anuales a partir de 2023.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha informado de que la reforma fiscal, fruto del acuerdo de Gobierno con Ciudadanos y de investidura con Vox, contempla la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para cónyuges y familiares directos y la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales para familias numerosas y el de actos jurídicos documentados.

El coste presupuestario de estos dos últimos impuestos será de 10,7 millones este año, y el impacto en las arcas públicas de la reforma del IRPF y Sucesiones y Donaciones (85 millones en cinco años) se elevará a 235 millones en el año 2023.

La merma de ingresos fiscales se compensará con una mayor recaudación, que no ha cuantificado aunque confía en que se produzca basándose en la experiencia en España cuando se han bajado impuestos, y también con una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

El consejero ha insistido en que es necesario probar una fórmula distinta de gestión de los recursos porque "no ha funcionado bien" el "agravio fiscal" que han aplicado durante 37 años los gobiernos socialistas, ya que no ha sacado a la comunidad de la cola en los indicadores de PIB per cápita y de desempleo, entre otros.

En cuanto a la reforma del tramo autonómico del IRPF se reducirán de ocho a cinco: El primero, el de las rentas más bajas, pasará del 10% al 9,5%; el segundo, de 20.200 euros a 35.000 euros, pasa del 16,5% al 15%; el tercero, de 35.200 a 60.000 euros, del 19% al 18,5%, y a partir de 60.000 pasa del 23,5% al 22,5%. Se elimina el tramo para rentas a partir de 120.000 euros, por lo que el tipo impositivo máximo pasará del 25,5 al 22,5%.

El consejero ha defendido que el tramo de las rentas más altas es el que más se rebaja porque el objetivo es llevar la tributación a la escala estatal y ha subrayado que la apuesta del Gobierno andaluz es "dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos". El primer tramo de la tarifa autonómica del IRPF empezará a reducirse en este ejercicio y alcanzará su tributación definitiva en 2020, por lo que no tendrá impacto presupuestario hasta 2021.

Con esta reforma, la tributación de una renta bruta anual de 45.000 euros de un contribuyente soltero, sin hijos, y menor de 65 años pasará de 4.917 euros a 4.749 euros en el año 2023.

En el impuesto de sucesiones y donaciones Andalucía pasará a ser una de las comunidades con mayor gravamen al grupo con menor. A modo de ejemplo, un progenitor que quiera regalar 10.000 euros a sus hijos por el que hasta este jueves pagaría 782 euros a partir de ese día abonaría al fisco 7,82 euros y, si es de 100.000 euros o más, pagará 124 euros frente a 12.415 euros.

Juan Bravo ha incidido en que "por cobrar una vez el impuesto de sucesiones no se puede renunciar a que ese ciudadano no contribuya con otros impuestos a lo largo de su vida" porque decida trasladarse a otra región con más ventajas fiscales.

"El coste de 14,7 millones en donaciones y sucesiones en 2019 es diecisiete veces menos de los que cuesta a la Junta el pago de la sentencia del Metro de Sevilla, cinco veces menos que el pago de intereses y catorce veces menos que lo que pagará la Junta este año en sentencias judiciales", ha destacado el consejero.

En el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados los potenciales beneficiarios son unas 130.000 familias numerosas a las que se les aplicará un tipo reducido por la compra de vivienda habitual.

De esta forma, una familia numerosa que vaya a comprar una vivienda valorada en hasta 180.000 euros tenía que pagar 14.000 euros y a partir del jueves serán 6.300 euros, un 53 % menos. El impacto de esta medida en la recaudación es de tres millones de euros y el objetivo es mejorar los incentivos a las familias.

También afecta la reforma a los empresarios en la tributación por la compra de inmuebles y se reduce del 2 al 1,5 % el tipo aplicado en el impuesto de actos jurídicos documentados a las empresas que adquieren inmuebles con renuncia a la exención de IVA.

Así, un empresario que adquiere un local comercial por 300.000 euros tributa por dicha impuesto antes de la reforma 6.000 euro y tras la misma 4.500 euros, con un ahorro de 1.500 euros.