El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer ampliar en 3.264 plazas el próximo curso la plantilla de personal docente de la Consejería de Educación, con el fin de adaptarlas a las medidas de recuperación de derechos desarrolladas durante los dos últimos años y a las necesidades detectadas durante el proceso de matriculación. Según destacó en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, este incremento de personal supera al aprobado en 2017 y sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma que más amplía este año su dotación de funcionarios docentes, informa Europa Press.

En concreto, la reducción del horario lectivo a 18 horas semanales el próximo curso se traduce en un incremento de 2.339 plazas de profesorado en Educación Secundaria y 365 en Formación Profesional. A ello se suman 500 plazas de nueva creación en Primaria, aumento que tendrá continuidad en los dos siguientes cursos hasta alcanzar 1.300, prioritariamente destinadas a reforzar la atención a la diversidad y al alumnado con necesidades educativas especiales.

Según Blanco, la consolidación de la plantilla pública docente refuerza la línea de recuperación iniciada el pasado curso, en el que se crearon 2.676 plazas, y supone un crecimiento total de 5.940 en los dos últimos.

El Consejo de Gobierno también aprobó la dotación presupuestaria para ampliar en 397 puestos las plantillas de personal funcionario y laboral en administración educativa, escuelas infantiles, comedores escolares, dependencia y atención social directa en centros de menores y de personas mayores, servicios públicos especialmente afectados por las dificultades de reposición de efectivos que la normativa estatal ha impuesto durante los últimos años.

Las plazas ya estaban incluidas en las relaciones de puestos de trabajo pero no dotadas en el presupuesto autonómico por vacantes sin cubrir. De ellas, 259 corresponden a la Consejería de Educación y cubrirán las carencias detectadas en atención complementaria (33 de personal laboral) y en administración y servicios (226 de funcionarios). Las primeras se destinan a las escuelas infantiles de titularidad de la Junta, los programas de apoyo al alumnado con necesidades específicas y el comedor escolar, servicio este último que ha aumentado su carga de trabajo en los últimos años con la implantación del Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria. Las plazas para administración reforzarán las plantillas de las delegaciones territoriales de Educación.

Por su parte, el incremento de efectivos para dependencia y atención social se llevará a cabo mediante la dotación de 138 puestos en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. De ellos, 106 son de personal funcionario para el Servicio de Protección de Menores y para el de Dependencia, este último muy afectado en los últimos años por la infrafinanciación estatal en este área (en torno al 20%, frente al 50% que fija la ley).

Los 32 puestos restantes son de personal laboral en centros de protección de menores y residencias de personas mayores, cuyos servicios de atención directa exigen el mantenimiento de turnos rotatorios de 24 horas durante todo el año. En el caso de los primeros, la demanda de recursos humanos viene determinada sobre todo por la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados y por la previsión de un agravamiento del problema debido a las restricciones a la inmigración africana en países tradicionalmente receptores.