El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2020, que con una dotación de 59 millones de euros aborda nuevas modalidades de siniestralidad, como las enfermedades sociolaborales y los accidentes de tráfico in itinere.
Esta planificación sustituirá a la anterior estrategia que se desarrolló desde 2010 a 2015, periodo en el que la siniestralidad laboral experimentó una reducción del 25% en el número de accidentes. Desde entonces se ha producido un aumento de la siniestralidad laboral en Andalucía, según los últimos datos oficiales, que señalan que en el primer semestre de este año se ha incrementado en un 9%, con 53 accidentes mortales, 16 de ellos por patologías no traumáticas, como infartos, y 10 in itinere.
El consejero de Empleo, Javier Carnero, destacó en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que uno de los principales objetivos de esta nueva estrategia es «mejorar» la prevención, al tiempo que se recogen acciones «específicas» para abordar los riesgos psicosociales. El contenido del nuevo plan presta especial atención a la incidencia de los siniestros de tráfico o los debidos a patologías no traumáticas, como infartos o derrames cerebrales, y a aspectos como la atomización del tejido empresarial, con medidas prioritarias dirigidas a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 98% del tejido productivo andaluz.
OBJETIVOS
La estrategia, con 57 líneas de actuación y cuatro grandes objetivos, se desarrollará a través de tres planes bienales, que se aprobarán por el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, integrado por la Junta y los agentes económicos y sociales.
El primero de los cuatro bloques de medidas se centra en mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores, garantizar la aplicación de la normativa en las empresas, potenciar el asesoramiento e información y aplicar acciones específicas a riesgos que están cada vez más presentes, como los psicosociales. Asimismo, se dará prioridad a las acciones relacionadas con la seguridad vial, que actualmente supone un 13% de los accidentes en el trabajo y un 30% de las muertes; el cáncer de origen laboral, y las enfermedades profesionales, sobre todo las musculoesqueléticas, que representan el 60% de todas las comunicadas en los partes.
El segundo gran objetivo se dirige a mejorar la gestión preventiva en las empresas, sobre todo las pymes y, entre otras acciones, se ofrecerán guías de buenas prácticas y programas de formación, además de incrementar la calidad técnica y la vigilancia de la salud en los servicios de prevención, estableciendo para ello ayudas específicas.
El tercer bloque recoge medidas de mejora de la eficacia del sistema de seguridad y salud en el trabajo, como reforzar el papel de instituciones o la red de laboratorios observatorios del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, la coordinación de los agentes que actúan en la materia, la investigación sobre los riesgos y la realización de encuestas y estudios. La estrategia se completa con programas para consolidar la cultura preventiva en la sociedad y de divulgación y concienciación, así como acciones específicas en centros docentes y campañas en medios de comunicación y redes sociales.
CURSOS DE FORMACIÓN
Por otro lado, la Junta ha desembolsado ya más de 12,5 millones de euros de los 15,5 millones a los que ascienden los anticipos para las entidades que van a impartir los cursos de formación para el empleo en la nueva programación, tras cinco años de paralización de las convocatorias, según los datos aportados por el consejero Carnero. Más de 20.000 andaluces se beneficiarán de las nuevas convocatorias de cursos.
