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AYUDAS DE LA JUNTA A LA FORMACIÓN

La juez Núñez rechaza la existencia de una «red clientelar» en los cursos

Refuta un recurso del PP contra el archivo de 4 piezas de Velasco

 

EFE SEVILLA
27/01/2018

La juez María Núñez ha rechazado la «teoría policial, sostenida también por el PP-A» de una «red clientelar» en las ayudas de la Junta para formación, pues «que entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas encontremos 39 empresas que tienen alguna vinculación con el PSOE no resulta significativo».

Núñez arremete contra «la teoría o hipótesis policial, sostenida también por el PP-A» sobre una «trama» tejida entre los responsables del SAE al repartir ayudas públicas para formación en un auto, consultado por Efe, en el que rechaza el recurso de los populares contra el archivo de cuatro piezas sobre ayudas a una academia vinculada al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco y, además, se inhibe sobre otras nueve para remitirlas a los juzgados de Córdoba.

«La teoría del concierto, trama o asociación ilícita no es nueva en la fundamentación que esgrime el Partido Popular ni en los atestados de la UCO», señala Núñez, pero añade que tras analizar «todas y cada una de las irregularidades detectadas por la UCO» no se ha constatado «la existencia de trama o concierto previo en la administración pública andaluza» para dar estas ayudas.

Argumenta que «para que el beneficiario» de las mismas «fuera seleccionado» entre «afines al partido» sería necesaria la participación de «funcionarios» de las direcciones provinciales de Empleo y delegaciones del SAE recibiendo «instrucciones» específicas de sus superiores.

«La teoría parece poco probable por no decir inverosímil: en todo caso, como señala el Ministerio Público en su informe, no se ha constatado la existencia de instrucción alguna en este sentido, ya sea verbal o escrita», añade. Núñez subraya que «tampoco se ha constatado la existencia de una red clientelar», pues «atendiendo al número de beneficiarios entre 2009 y 2012, no resulta significativo que el PP encuentre 39 empresas beneficiarias cuyos administradores, de derecho o de hecho, fueran ex miembros del Gobierno andaluz o del PSOE» o «familiares» o «amigos». Núñez arremete contra el PP por pretender «investigar simples irregularidades administrativas».