El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, calificó de «infame» que el Partido Popular por «estrategia política y no judicial» le haya citado como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz por el sistema de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre 2001 y 2010, por unos hechos «de hace 15 años», cuando era alcalde de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera.

A petición del PP-A, Jiménez Barrios declaró como testigo ayer miércoles en la pieza política de los ERE, en la que, entre otros, están siendo juzgados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, porque, siendo alcalde de Chiclana de la Frontera (1993-2003), el Ayuntamiento fue beneficiario de una ayuda de los ERE de 24.000 euros concedida por la Dirección General de Trabajo para financiar la Feria de Muestras y Turismo a celebrar en la localidad del 8 al 11 de mayo de 2003.

Tras concluir su declaración, que duró unos 20 minutos y en la que sólo ha sido cuestionado por el abogado del PP-A, Jiménez Barrios atendió a los medios a las puertas de la Audiencia Provincial. El vicepresidente ha considerado «infame» que el PP-A, añadiendo que los populares «sólo pretendían traer aquí --a la Audiencia-- a algún miembro del Gobierno actual para pasar por esta situación».

Según Jiménez Barrios, esta estrategia política del PP-A «siempre le pasa factura» porque «no es de recibo hacer pasar a la gente por aquí por algo que incluso el fiscal no ha preguntado». Además, recordó que en su declaración en fase de instrucción, que «duró tres minutos», los abogados del PP-A «no preguntaron». «Ahora pregunta por algo de 15 años por una ayuda de 24.000 euros suficientemente justificada», afirmó.

Como declaró en el juicio, ante los medios Jiménez Barrios aseguró que «hace 15 años no conocía nada en absoluto» del programa presupuestario 31L con el que se pagaban las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo y cuyo abono materializaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). «Me limité a pedir a múltiples instancias ayudas para una feria que costó 300.000 euros y que organizaba la asociación de emrpesarios local», añadió.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía insistió en que «no tiene conocimiento» de los aspectos técnicos del convenio firmado por el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, acusado en este juicio, y el IFA, donde se recoge que se trata de una ayuda «específica e incondicionada». «No tenía por qué conocer el procedimiento» de concesión de las ayudas, aseguró. Por último, dijo que la organización de la feria «justificó» todos los gastos «suficientemente».