El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha solicitado al Gobierno central que pida al Tribunal Constitucional (TC) que levante de la suspensión cautelar sobre la normativa andaluza que permite la jornada laboral de 35 horas semanales a los empleados públicos, después de que haya admitido a trámite el recurso del Ejecutivo central; pues, como ha advertido, dicha medida puede tener «consecuencias desastrosas» en la sanidad y en la educación andaluzas.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, Maíllo censuró ayer que esto supone «otro ataque más» del Gobierno central a Andalucía y «a medidas que reivindicamos como competencias propias de la comunidad», toda vez que ha hecho hincapié en que la suspensión cautelar de las 35 horas va afectar tanto a la sanidad como a la educación de Andalucía.
En el caso de la sanidad, ha explicado que las dificultades con las que se afrontan los servicios sanitarios en verano «se van a agudizar» al hilo de esta medida, mientras también va a causar estragos en el curso escolar que arranca en septiembre pues, como ha detallado Maíllo, las 35 horas supondrían «más de 5.100 empleo entre educación y sanidad».
El coordinador general de IULV-CA ha urgido al Gobierno central a pedir al TC que levante la suspensión cautelar para «dar certidumbre» al inicio del curso escolar y para «recuperar un sistema educativo que se ha deteriorado por la pérdida de empleos durante estos años».
Con todo, Maíllo ha garantizado que la coalición de izquierdas va a confrontar contra esta medida tanto institucionalmente como en la calle con movilizaciones a partir de septiembre, al tiempo que ha reclamado al PP-A que dé explicaciones.
