La interventora de la Junta de Andalucía Teresa Arrieta declaró ayer que la Dirección General de Trabajo «sabía» que estaba concediendo ayudas sin expediente de gasto sometido a fiscalización previa, un sistema que era «opaco al control», aunque suponía una «irregularidad administrativa» y no menoscabo de fondos. Arrieta ha testificado en la pieza política del caso ERE. Para la interventora adjunta al interventor general desde 2005, ese sistema impedía que las ayudas fueran sometidas a fiscalización previa como era obligatorio para toda subvención concedida por un órgano de la Junta y eso «Trabajo lo sabía», insistió, ya que se fiscalizaba la transferencia de financiación pero la Intervención no veía ningún expediente de gasto de la ayuda al pagarse en IDEA, donde el control es a posteriori.
