El hombre que se grabó tirando una nevera al monte y difundió el vídeo en el que, entre risas, afirmaba estar "reciclando", es un trabajador de una empresa de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de Olula del Río (Almería). La Guardia Civil ha levantado acta de la infracción y ha denunciado a la empresa, informa Europa Press.

Los agentes de la Policía Judicial continúan, además, la investigación para determinar si la empresa podría haber estado incurriendo a lo largo de los últimos diez años en un presunto delito medioambiental, según ha informado la Comandancia.

La actuación se inició a raíz de la la aparición en redes sociales de un vídeo en el que un individuo lanzaba un frigorífico por una ladera en un monte público de la comarca del Almanzora.

La Guardia Civil identificó rápidamente al individuo así como a la furgoneta que aparecía en el vídeo, y que es un vehículo de la empresa ahora investigada. Los agentes comprobaron, igualmente, que, tras la viralización de las imágenes, los electrodomésticos ya habían sido retirados del medio natural.

NINGÚN JUSTIFICANTE EN 10 AÑOS

En la inspección a la empresa, ubicada en Olula del Río, la Guardia Civil comprobó que unas 50 lavadoras se encontraban almacenadas en el patio exterior de un almacén entre vegetación seca, así como unos 20 frigoríficos bajo techo, todos sin haber sido eliminados.

Los agentes constataron, asimismo, que en el interior de la empresa no existía ningún contenedor para depositar electrodomésticos. Los propietarios no fueron capaces de aportar ningún justificante de entrega de residuos a un gestor autorizado durante diez años de actividad.

Por todo ello los agentes levantaron acta informando tanto a la persona que lanzó el electrodoméstico por la ladera de la montaña como al propietario de la empresa de que se remitirán las actuaciones a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Almería por incumplimiento de la ley de residuos y suelos.

Los agentes de la Guardia Civil continúan su investigación al objeto de determinar si se estuviera ante un delito medioambiental recogido en los artículos 325 o 326 del Código Penal, actuación integral en vía administrativa y penal que realizan los agentes como Policía Judicial Específica Medioambiental.