La Junta de Andalucía someterá a un grupo de expertos la revisión de la actual orden de coeficientes que sirve de referencia en el cálculo de la cuota del impuesto de sucesiones y demás tributos estatales que gestiona la comunidad autónoma. Así lo anunció ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, durante su comisión parlamentaria, donde indicó que «en breve» comenzarán los trabajos, con la participación de organismos estatales, registradores, notarios y sociedades de tasación, entre otros.

El objetivo, según señaló, es «perfeccionar» la metodología del cálculo de coeficientes multiplicadores y elaborar futuras órdenes con una «amplia participación y consenso», de forma que «sean mejor entendidas y aceptadas por todos». Así, Montero defendió que el sistema vigente en la actualidad, con las órdenes de coeficientes que el Gobierno andaluz aprueba anualmente, ha sido avalado por el propio Tribunal Supremo y da «certidumbre y seguridad jurídica» a los contribuyentes.

La consejera señaló que, al igual que muchas otras comunidades autónomas, Andalucía ha optado por el procedimiento de los coeficientes multiplicadores, porque es «el mejor y el más beneficioso» para los contribuyentes. Según explicó, el núcleo de este modelo reside en el valor catastral, que determina el Estado conjuntamente con los ayuntamientos, y que es el que debe ajustarse a las circunstancias particulares de cada inmueble urbano referidas a su antigüedad, deterioro o calidad de la construcción, con el fin de que este valor «sea adecuado y no resulte anómalo».

La consejera subrayó que la premisa del Gobierno andaluz ha sido que los valores que se obtengan de la aplicación de los coeficientes estén en torno al 75% del valor de mercado, en una decisión de «salvaguardar siempre los intereses de la ciudadanía». Por ello, señaló que la Junta sigue una metodología que refleja la dinámica del mercado inmobiliario y, que en los últimos años, se ha ido ajustando a la baja. Concretamente, desde el año 2010, los coeficientes multiplicadores que se aplican acumulan un descenso medio del 31,5%, mientras que los precios del mercado han bajado un 26,6%. Montero precisó que los coeficientes se calculan de forma objetiva y con la misma metodología para todos los bienes urbanos de la comunidad, «respaldada por las mejores estadísticas y datos disponibles en cada momento», quedando recogidos en una orden que establece valores individuales para cada municipio y que se renueva anualmente.

CRÍTICAS DEL PP / El parlamentario del PP José Antonio Miranda consideró que el Gobierno andaluz «está desconcertado y va dando bandazos» porque «ya no sabe qué hacer ante el clamor social que hay en Andalucía contra el impuesto». Esto pasa, a su juicio, “porque hay una doble discriminación, por un lado porque la regulación que tienen hecha la Junta sobre sucesiones y donaciones discrimina a los andaluces respecto a otros españoles y, por otro lado, también dentro de Andalucía hay discriminaciones incluso entre hermanos».