El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -uno de los principales acusados en el caso ERE- defiende que el sistema para conceder y pagar las ayudas investigadas no lo montó él, lo hizo la Junta de Andalucía, y su «poder de decisión» era dar o no una ayuda «pero cómo darlas, no». Guerrero ocupó el cargo entre 1999 y 2008, gran parte del periodo investigado en el caso ERE en cuya pieza política -es investigado en muchas más- se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. La Fiscalía le responsabiliza de crear o mantener un «procedimiento específico» con el que la Junta repartió durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles.

En una entrevista con Efe, Guerrero asume que «el que firma es el que paga» y con su firma concedió 567 millones en ayudas, pero dice que usó «el procedimiento del que nos habíamos dotado en la Junta de Andalucía», que considera «absolutamente legal y transparente». Asegura que se basaba en la orden del Ministerio de Trabajo de 1995 que regulaba ayudas para prejubilaciones de trabajadores afectados por crisis empresariales.

«El convenio tiene la firma de Viera y Fernández, pero yo no sé quién lo redacta o quién decide que se haga, yo sé que a mí se me dice un día a partir de aquí este es el modus operandi. Pues ya está, sí bwana», afirma. Guerrero defiende que en la Junta «había una política social tremendamente clara» de ayudar a quienes perdían su trabajo y a «empresarios que querían que sus empresas no se fueran a hacer puñetas y a partir de ahí se constituyó un sistema» para hacerlo que «lo decide la Consejería responsable de las ayudas, no el presidente» que «no es el niño de los mandados y no tiene que saber el trabajo que hacemos todos».