El ex director general de Trabajo Javier Guerrero, uno de los principales acusados del caso ERE, se retractó ayer de sus críticas durante la instrucción al expresidente Chaves o al exconsejero José Antonio Viera, a los que entonces acusó de «humillarle para defender su honorabilidad». El juicio de la pieza política de los ERE, contra 22 ex altos cargos de la Junta, continuó ayer con la lectura de las declaraciones que desde que estalló el caso en 2011 ha prestado en los tribunales Guerrero, que se negó a contestar las preguntas de la Fiscalía y anunció que sólo responderá a su abogado. Como hizo el lunes, Guerrero -que se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación- no ratificó estas declaraciones alegando que las hizo bajo «presión mediática y de la Policía para que declarase».

En la parte leída ayer de su primera declaración ante la juez instructora Mercedes Alaya de marzo de 2012, que duró tres días y tras la cual lo envió a prisión, Guerrero arremetió contra sus superiores en la Junta -hoy sentados como él en el banquillo- por «humillarle para defender su honorabilidad» conforme la investigación judicial les apuntaba. En concreto, criticó a Viera por llamarle «indeseable», a Chaves por decir que «no me conoce» y a la exconsejera Mar Moreno (inicialmente investigada aunque la causa se archivó para ella) por ponerle «a caer de un burro» cuestionando sus testimonios ante la Policía y la juez, en los que sostuvo que actuó siguiendo sus instrucciones y que todo el Consejo de Gobierno conocía las ayudas sociolaborales que concedía desde su área. También arremetió contra el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Villalobos, por llamarle «putero, cocainómano y alcohólico». En esa declaración, Alaya le preguntó por el testimonio de su chófer Juan Francisco Trujillo, que aseguró que con dinero de los ERE compró cocaína para su jefe -unos hechos que se investigan en una pieza separada del caso-. Guerrero dijo entonces que «nunca ha consumido cocaína» y que «sólo fuma Marlboro» y «suelo tomar un gintonic al día pero no soy alcohólico», atribuyendo las palabras de su chófer a una posible «venganza».

El tribunal visionó ayer la declaración judicial que Guerrero hizo voluntariamente en 2015, en la que igualó el sistema que se usaba para dar ayudas en Andalucía al del Estado. En esa comparecencia, que han escuchado todos, el exdirector de Trabajo dijo que durante sus 9 años en el cargo «había un mandato y un procedimiento al que me ceñí siempre» para ayudar a empresas en crisis y trabajadores prejubilados por éstas, sistema que se implantó en 2001 mediante un convenio entre la Consejería de Empleo y el ente público IFA (luego IDEA) que pagaba las ayudas con dinero transferido de la Junta.