La presidenta de la Junta, Susana Díaz, situó ayer una de las prioridades del Ejecutivo autonómico en los próximos meses en el voluntariado educativo con el objetivo de que la educación pública «sea más inclusiva y garantice» la igualdad de oportunidades para los colectivos que lo demandan.
El voluntariado educativo es una de las 12 modalidades que reconoce el proyecto de Ley del Voluntariado de Andalucía, aprobado el martes por el Consejo de Gobierno y a la espera de que ser tramitado por el Parlamento para su aprobación definitiva el próximo otoño.
Durante la presentación de la futura norma a las entidades del sector en el Palacio de San Telmo, la presidenta calificó la norma de «pionera, novedosa y moderna», una iniciativa que «se adapta» a la realidad de este sector integrado por más de 450.000 personas y casi 3.000 asociaciones. «El voluntariado educativo será una prioridad de la acción del Gobierno andaluz en los próximos meses. Ahí tenemos mucho camino que recorrer para que la educación pública en Andalucía sea más inclusiva y garantice las igualdad de oportunidades”, ha avanzado Díaz.
Junto a esta modalidad, el proyecto de ley reconoce otras 11, entre ellas, el voluntariado social, ambiental, cultural, deportivo y de protección civil, además de las relacionadas con las tecnologías de la información, aunque también amplía el ámbito de actuación con la incorporación de empresas, universidades, administraciones públicas e instituciones educativas.
VOLUNTARIADO DIGITAL / Otras de las novedades son la regulación de la participación, con autorización de los padres, de los menores de 12 años en las acciones de voluntariado y favorece el acceso de las personas con discapacidad, las personas mayores y las que están en situación de dependencia. De igual forma, incluye la figura del voluntariado digital, cuyo fin es acercar las nuevas tecnologías a poblaciones con «brecha o en riesgo exclusión» digital, detalló Díaz.
La presidenta justificó la necesidad de esta norma, que sustituye a la anterior de hace 15 años, en la adaptación a la nuevas realidades andaluzas de colaboración de los voluntarios y concretó que forma parte del Plan de Acción y Promoción del Voluntariado, dotado con más de 46 millones.
«La declaración de voluntad y los derechos que aparecen en la norma se verán correspondidos con la acción del Gobierno y con el respaldo presupuestario», explicó la presidenta.
La norma -prosiguió- supone un reconocimiento a los casi 500.000 andaluces voluntarios que todos los días ayudan a los demás y construyen una sociedad mejor en Andalucía. Unas 238 entidades han formado parte de la elaboración, entre ellos sindicatos, universidades o la patronal, del proyecto de ley que, según la presidenta, «marca un antes y un después» en el voluntariado andaluz.
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR / Armando Rotea, presidente de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, calificó de «paso muy importante» la elaboración del proyecto de ley, un texto en el que las entidades llevan trabajando más de un año y medio. «El camino ha sido largo y tortuoso, pero por fin la realidad que existía en el voluntariado desde hace tiempo se recoge en un texto legislativo», indicó.
En su opinión, pone en valor a las entidades del voluntariado, un aspecto -dijo- en el que resalta la figura del coordinador o coordinadora del voluntariado, si bien subrayó el proceso participativo de todas las entidades del sector. «La futura ley solo tendrá sentido si la usamos, si la aplicamos», esgrimió Rotea, que se congratuló de que en lugar de una reforma la Junta haya optado por una nueva ley.
