El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró ayer que la eliminación de aforamientos políticos, prevista en el pacto de investidura suscrito por el PSOE y Ciudadanos, se cumplirá, aunque dijo que lo «razonable» es que sea de carácter «global» y se apruebe en el conjunto del Estado. «Vamos a poner en práctica todo el contenido del acuerdo de investidura, pero creemos que es positivo que este asunto se analice en el ámbito de España», declaró en conferencia de prensa al ser preguntado sobre la intención de Ciudadanos de «acelerar» la eliminación de aforamientos políticos en Andalucía. «La eliminación de los aforamientos políticos está en el documento y lo llevaremos a efecto», aseguró Vázquez, tras lo que añadió: «Es un paso en la calidad de nuestra democracia que no sólo compartimos, sino que vamos a impulsar».

En declaraciones en el campo de Gibraltar, la presidenta Susana Díaz se comprometió ayer a cumplir con el acuerdo de investidura, aunque precisó que se trata de un debate profundo que «hay que hacer» en el país y que «se hará» en Andalucía. «La propuesta me parece bien porque lo hemos firmado en el acuerdo con Ciudadanos. Para mi no son lentejas como para Rajoy. Evidentemente leo bastante bien la letra de los acuerdos a los que llego para después cumplirlos», manifestó la presidenta. El secretario de política institucional del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, afirmó que la supresión de los aforamientos «debe venir de la mano de una reforma de la Justicia» y abogó por un «gran acuerdo» de todos los partidos para definir cuáles deben existir en el país.

Por su parte, el PP andaluz apostó por elevar a nivel nacional el debate sobre la eliminación de los aforamientos, pero pidió que se haga «de forma sosegada y rigurosa», con un trabajo previo de todos los partidos, y no mediante «un titular de prensa». Antonio Maíllo (IU) dijo que «hay que ver la letra pequeña» de la propuesta de C’s de acelerar la eliminación de aforamientos pues no puede haber una «desprotección» del trabajo parlamentario en denuncias de corrupción o de vulneración de derechos.