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CONTRA LA REPRESION FRANQUISTA

Garzón basa parte de su inhibición en el caso de una mujer cordobesa

El proceso judicial por la muerte de Ricarda Ana Cobacho es clave en la argumentación del juez. El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo interpuesto por la familia de la víctima.

 

Ricarda Ana Cobacho, una de las víctimas del franquismo en la provincia de Córdoba. - FOTO: CÓRDOBA

IRINA MARZO /EFEIRINA MARZO /EFE 21/11/2008

Mientras el país asimila los vaivenes de la justicia en el quebradizo terreno de la Memoria Histórica, un puñado de españoles acudieron ayer a la misa por Francisco Franco en el Valle de los Caídos. La cuestión del pasado más reciente de España empantana numerosos juzgados españoles después de que Garzón decidiera inhibirse de un proceso iniciado por él mismo hace apenas unas semanas. El Tribunal Constitucional, sin ir más lejos, ha tumbado el recurso de amparo interpuesto por la cordobesa Rocío Borrego, cuya madre, Ricarda Ana Cobacho, fue asesinada en el 36. El recurso pedía que se considerara "desaparición forzosa" (delito que no prescribe) y no asesinato esa muerte acaecida en la aldea lucentina de Jauja.

Precisamente éste es uno de los casos en los que se basa Baltasar Garzón para ilustrar su auto de inhibición de la causa a 62 juzgados provinciales. En el auto, el juez de la Audiencia Nacional lo califica como "el más clamoroso" de todos los casos y describe cómo el Fiscal del Tribunal Constitucional sostiene en el recurso una tesis diametralmente contraria a la del Fiscal de la Audiencia Nacional. Dicho de otro modo, Garzón intenta demostrar qué grado de inseguridad jurídica pueden llegar a sufrir las víctimas de la represión franquista y sus familiares ante un aparato judicial que hace lecturas contradictorias de un mismo asunto.

UN PROCESO EJEMPLAR. La familia de Ricarda Ana Cobacho denunció en 2004 su caso, primero, ante un juez de Lucena y después, ante la Audiencia Provincial de Córdoba. Ambas instancias decidieron no autorizar la apertura de la fosa donde se supone que están sus restos, en el cementerio de la aldea.

La demandante contaba con el respaldo de la Fiscalía, que llegó a pedir que se dejara sin efecto una providencia del pasado 14 de abril -en la que el Alto Tribunal ya inadmitía el recurso por considerar que carecía de trascendencia constitucional- alegando que lo ocurrido debía considerarse no un asesinato, sino un delito de "desaparición forzada", que no prescribe.

Finalmente, el auto dictado por el Constitucional rechaza el recurso de súplica del fiscal contra la providencia anterior y le acusa de "reconstruir" la demanda de la denunciante introduciendo argumentos que no estaban en la original. El Constitucional rechaza pues el recurso sin entrar en el fondo del asunto.

Lo significativo es que el caso de esta familia cordobesa es uno entre miles. Las próximas semanas se irá desenredando la madeja de los distintos procedimientos judiciales. Una madeja de cuyo cabo ya se ha tirado.

Más información sobre el tema de la Memoria Histórica en la página 37.