La madre de una trabajadora de Cetro Aceitunas, el administrador de Aglomerados Morell o prejubilados en Lactimilk que cobraban las rentas pese a haber vuelto a trabajar en otras empresas son algunos de los «intrusos» detectados por los funcionarios que revisaron en 2011 los ERE financiados por la Junta. Varios funcionarios de distintas áreas de la Consejería de Empleo que en el primer trimestre de 2011 participaron en la revisión de las ayudas investigadas en el caso ERE, tras aparecer los primeros prejubilados sin derecho a ellas en el ERE de Mercasevilla, testificaron ayer en el juicio de la pieza política contra 22 ex altos cargos de la Junta.
Todos coincidieron en que les encomendaron sobre todo «cotejar» la lista de trabajadores afectados por cada ERE con la de los benefiarios de las rentas de prejubilación que aparecían en las pólizas de las aseguradoras con las que la Junta suscribió el pago de las ayudas. No obstante, algunos como Tomás Domínguez explicaron que la documentación de los expedientes que examinaron no incluía solicitud de las ayudas ni memoria justificativa y resolución. «No se cumplía la estructura mínima de la Ley de Procedimiento Administrativa», señaló, tras explicar que «no había una norma reguladora a la que atenerse» para determinar los requisitos que debían cumplir los beneficiarios, que le llamó la atención que «no intervenían funcionarios» en la tramitación de las ayudas, que no había justificación y «en algunos casos ningún acto administrativo». Algunos funcionarios como Tomás Domínguez o Jesús Palacio describieron que había diferencia entre los expedientes de ayudas más antiguas, sin apenas documentación y los elaborados a partir de 2008 (en el juicio están acusados el director general de Trabajo del 1999 al 2008 Javier Guerrero y su sucesor Juan Márquez).
