El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía enfocada a adecuar la oferta formativa al nuevo modelo económico y a elevar los niveles de cualificación de la población activa. Estará estará dotada con 189 millones desde su entrada en vigor hasta 2020. La consejera de Educación, Sonia Gaya, y el consejero de Empleo, Javier Carnero, comparecieron, tras la reunión del Consejo de Gobierno, para explicar este proyecto de ley, que prevé para 2020 aumentar a 715 los ciclos formativos que se imparten, hasta 25.800 las plazas ofertadas y hasta 1.621 el profesorado.
El consejero de Empleo aseguró que esta norma cubrirá las «necesidades formativas del nuevo tiempo económico y mejorará la cualificación de los trabajadores y la competitividad de las empresas. Destacó que impulsará la formación dual, es decir, la que combina la actividad formativa con la laboral. Para ello, se flexibiliza la programación de la oferta formativa y se impulsarán nuevos programas relacionados con las tecnologías de la información, con la economía digital y con la industria 4.0.
El texto, que empieza ahora el trámite parlamentario, impulsará una red de centros integrados, donde se impartirán la formación reglada y la dirigida al empleo, y trabajarán en colaboración con las empresas para atender las demandas del tejido productivo. El proyecto recoge la creación del sistema de formación y cualificación profesional de Andalucía, integrado por las actividades de formación, el servicio de orientación profesional y la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia o de vías no formales de formación.
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Por vez primera se regulará el servicio de orientación y acreditación profesional, que se encargará de la información y de los procedimientos sobre estas materias. La nueva ley recogerá también la atención a la formación en nuevas tecnologías de la comunicación para mejorar la capacitación de los trabajadores de todos los sectores ante los retos que plantea la nueva economía digital. Para la realización de estos proyectos se establecerán convenios de colaboración entre los centros de formación y las compañías del sector correspondiente.
Este curso estudian esta formación dual cerca de 4.000 estudiantes en 168 centros, con una oferta de 321 proyectos. También ha crecido el número de empresas participantes desde las 87 iniciales hasta las más de 2.800 actuales, con una inserción laboral del alumnado en torno al 80%. Los centros integrados de FP tendrán una amplía autonomía de gestión para poder organizar de manera flexible la oferta formativa que se demanda en su entorno.
PROFESORADO
Además, se potencia la formación y actualización del profesorado de estas enseñanzas para que estos centros cuenten con profesionales expertos y dotados de los recursos didácticos y pedagógicos. En la FP de sistema educativo, las actividades docentes se organizarán de manera que el alumnado entre en contacto lo antes posible con las empresas y complete la adquisición de competencias profesionales.
Respecto a los nuevos mecanismos de gobernanza, la futura ley creará el consejo rector como órgano consultivo, de participación, planificación estratégica y evaluación de las políticas del sistema de formación y cualificación profesional. Estará integrado por representantes de la Junta y de organizaciones empresariales y sindicales.
El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales pasará a constituirse como un servicio administrativo de gestión diferenciada y actuará como un instrumento de apoyo técnico al consejo rector.
En Andalucía este curso estudian Formación Profesional más de 145.000 alumnos en un total de 687 centros docentes. En la FP para el empleo, la actual programación desarrollará 1.500 acciones para más de 22.800 desempleados, así como 181 proyectos de formación dual en el empleo, mediante escuelas taller y talleres de empleo, de los que se beneficiarán 2.715 andaluces.
