La Consejería de Fomento investiga 174 casos de viviendas protegidas en las que existen indicios de que sus propietarios las hayan alquilado para uso turístico, con lo que se exponen a sanciones que oscilan entre los 9.000 y los 10.000 euros.
Actualmente, las delegaciones territoriales de esta Consejería están investigando estos casos para verificar si se han producido infracciones de carácter grave por utilizar estas viviendas para otro fin que no sea el de residencia habitual como es preceptivo.
El área de inspección ha realizado actuaciones de investigación que afectan a 25.536 viviendas, de las cuales 346 se encontraban ubicadas en parcelas con promociones de vivienda protegida.
Una vez descartadas las viviendas ya descalificadas, se ha estrechado el cerco a estos 174 casos de viviendas protegidas que se siguen investigando para determinar si sus dueños han procedido a su alquiler con fines turísticos, según ha informado la Junta.
Durante los años 2018 y 2019 se han tramitado 14 procedimientos sancionadores por el uso no autorizable de la vivienda protegida como alquiler turístico, que se encuentran finalizados con resolución.
En muchos de los casos, los infractores han procedido al cese voluntario de esta actividad y al pago de la sanción.
También este año se han abierto diligencias previas de investigación, que afectan, en principio, a otras 30 viviendas protegidas en las que existen indicios graves de que se están destinando a un uso turístico no autorizable.
Con la apertura de estas diligencias se determinará con la mayor precisión posible la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias o hechos relevantes para la incoación en su caso, de expediente sancionador conforme a lo que recoge la normativa vigente.
