El fiscal considera que en el juicio del caso ERE se ha «probado» que la Consejería de Empleo «disponía de fondos públicos sin sujeción a control alguno» para dar ayudas «prescindiendo del procedimiento legal» y los expresidentes, exconsejeros, y viceconsejeros de la Junta procesados lo sabían.

Así lo expuso el fiscal Anticorrupción, Manuel Fernández, en su informe final, que comenzó a leer ayer, en el que dijo que resulta «generoso» llamar expedientes de ayudas a los «papeles desordenados en cajas de pollo» obrantes en la Dirección General de Trabajo. En varias ocasiones se refirió a los «mal llamados expedientes de ayudas», para incidir en la falta de solicitud, resolución de concesión, control de que los beneficiarios cumplían los más mínimos requisitos y ausencia de fiscalización previa. Unas deficiencias que ya puso de manifiesto la Intervención de la Junta en un informa adicional del ejercicio 2003, remitido en el 2005, en el marco del control financiero de la agencia pública IDEA (antes IFA), a través de la cual la Consejería de Empleo pagaba las ayudas que concedía con fondos que le remitía mediante un uso «inadecuado» de transferencias de financiación.

Los destinatarios de ese informe fueron el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano, los exconsejeros de Innovación y Empleo Francisco Vallejo y Antonio Fernández, y la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo para conocimiento del entonces consejero de Hacienda José Antonio Griñán -que luego presidió el Gobierno andaluz del 2009 al 2013-. El fiscal entiende que todos ellos supieron desde ese momento que las ayudas de los ERE se estaban dando sin fiscalización previa y «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido», como recoge el informe.

Pero también lo supieron otros procesados como el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías o el expresidente Manuel Chaves, porque la Intervención lo indicó en las memorias que anualmente acompañaban a los planes de control de las empresas públicas, que pasaban por la reunión de viceconsejeros y el Consejo de Gobierno.

El fiscal ha hecho hincapié en que la mayoría de los 850 millones repartidos fueron ayudas para empresas y no para trabajadores afectados por crisis laborales, pues cubrían compromisos que las mercantiles contraían con ellos al negociar el ERE.

El juicio continuó ayer con la evacuación por las defensas de sus conclusiones definitivas, alegando la mayoría «un déficit de concreción» en los hechos imputados a los enjuiciados en las conclusiones definitivas del fiscal y acusaciones particulares. «Déficit de concreción, insuficiencia, vaguedad, inconcreción o generalidades» son algunos de los términos usados por los abogados de las defensas en sus intervenciones para elevar a definitivas sus conclusiones, en las que piden la absolución de sus representados, y expresar las modificaciones introducidas, lo que a juicio de Víctor Moreno Catena, abogado de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, «impide la defensa» de su clienta.

Las intervención del abogado del exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero fue una de las más extensas, defendiendo que el ex alto cargo del Gobierno andaluz actuó «dentro de los límites legales» y con un sistema «dado pos sus superiores, consejeros y viceconsejeros».