El fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga afirmó ayer que la «trascendencia» del cambio que implantó en 2000 el «procedimiento específico» de concesión y pago de las ayudas de los ERE exigía la aprobación del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. El expresidente ha sido el último de los 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz procesados en el juicio de los ERE al que se ha referido el fiscal en su informe final, en el que ha detallado la intervención de cada uno de los acusados en los hechos juzgados que considera probada.

El Ministerio Público sólo acusa a Chaves por un delito de prevaricación -a diferencia de su sucesor José Antonio Griñán, acusado también de malversación-, y pide para él 10 años de inhabilitación por su participación en el diseño del llamado «procedimiento específico» con el que del 2000 al 2009 se dieron 680 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con créditos «inadecuados» y sin fiscalización previa. Ese «procedimiento específico» se introdujo por primera vez en una modificación presupuestaria de abril del 2000 para aumentar los fondos destinados a estas ayudas, que hasta entonces se concedían como subvenciones excepcionales que daba y pagaba la Consejería de Empleo y pasaron a abonarse a través del ente público IFA (luego IDEA) con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación. Para el fiscal, Chaves sabía que la modificación en la forma de presupuestar los fondos destinados al pago de las ayudas «no era un simple cambio menor» y que «la consecuencia lógica era que se suprimía la fiscalización previa de las ayudas que se dieran con cargo a esos fondos».

GRIÑÁN / En el caso de el expresidente José Antonio Griñan el fiscal considera que en el juicio «ha sido plenamente acreditado» que Griñán, como consejero de Hacienda del 2004 al 2009, era destinatario de los informes del interventor y ante sus avisos de irregularidades «pudo y debió» parar las ayudas investigadas. En esos informes el interventor alertó del «uso inadecuado» de las transferencias de financiación de Empleo a IDEA para abonarlas y de que la Dirección General de Trabajo estaba dando ayudas «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».

El fiscal ha reproducido la declaración que voluntariamente hizo en 2015 el exinterventor general Manuel Gómez -también procesado en este juicio- ante el Tribunal Supremo (que inicialmente instruyó la causa de Griñán por ser entonces aforado como senador), en la que explicó que sus avisos eran «suficientemente relevantes» como para que Griñán tomara medidas. Los fiscales han incidido en que, además de Griñán, conocieron los avisos del interventor sobre las irregularidades en la concesión de las ayudas, su viceconsejera Carmen Martínez Aguayo -que afronta la misma pena que Griñán-, los exconsejeros de Empleo e Innovación Antonio Fernández y Francisco Vallejo o los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román -8 años de prisión-. «No cabe alegar que son numerosos los informes que llegan de la Intervención para justificar la no lectura», subrayó el fiscal.