El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los principales implicados en el caso ERE por el que estuvo cuatro meses en prisión, defendió ayer que «no es ni pensable» que el sistema por el que la Junta pagaba las ayudas sociolaborales investigadas buscara «evitar» su control previo.

«Ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo. Podemos hacerlo mejor o peor, haber tenido avisos o no de quien corresponda, pero no es ni pensable porque esto tiene su recorrido y su huella», respondió ayer en el juicio de los ERE cuando el fiscal le preguntó si el hecho de que en el 2001 se arbitrara que las ayudas de la Consejería de Empleo se pagaran a través de un ente instrumental como IFA (luego IDEA) se viera «preferible» para evitar el control previo.

Fernández se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un «procedimiento específico», por el que entre los años 2001 y 2011 la Junta repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el juez instructor.

Antonio Fernández fue viceconsejero de Empleo del 2000 al 2004 y consejero de Empleo del 2004 al 2010, por lo que fue quien firmó por IFA el convenio marco de 2001 con la Consejería de Empleo (entonces dirigida por Viera) que introdujo el sistema de pago de las ayudas a través de esta entidad, según la Fiscalía y las acusaciones, para eludir la fiscalización previa. Fernández lo negó ayer y atribuyó a «los técnicos» la decisión de usar esa vía que, señaló, ya se usaba antes y no solo para estas ayudas. Según Fernández, los mecanismos presupuestarios usados «de mi nivel hacia arriba no los conoce nadie», se basan en «criterios técnicos».