El exconsejero de Empleo Antonio Fernández defendió ayer que las ayudas sociolaborales que dio la Junta investigadas en el caso ERE eran «absolutamente iguales» a las que concedía el Estado al amparo de la orden de 1995 de ayudas extraordinarias para trabajadores por reestructuración de empresas, informa Efe. A preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, Fernández defendió que las ayudas investigadas contaban con «fondo normativo suficiente» y en concreto las ayudas a trabajadores afectados por ERE aseguró que eran «iguales» a las que daba el Estado en base a la orden de 1995 en cuanto a su naturaleza, las personas legitimadas para recibirlas, la discrecionalidad, la ausencia de publicidad y concurrencia, siendo la única diferencia que los fondos eran de la Junta en vez del Estado.

De hecho defendió que la citada orden estatal era «aplicable en Andalucía sin ningún tipo de duda» y alegó que en el 2012, tras estallar el caso judicial, la Junta elaboró un Decreto para regularlas que «actualiza» y «aclara» el marco jurídico de las ayudas pero «no invalida» las dadas hasta entonces. «Las refrendó, las asumió, las pagó y las sigue pagando», subrayó.

Fernández declaró por sexto día (y seguirá hoy) en el juicio de la pieza política de caso ERE donde es procesado, junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves-, por crear o mantener un «procedimiento específico» por el que entre el 2001 y el 2011 el Gobierno andaluz repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.

En su defensa de la similitud de las ayudas de la Junta con las del Estado, insistió en que desde el Gobierno «nunca se nos ha cuestionado» cómo se daban en Andalucía y en «muchos» han sido cofinanciadas por ambas administraciones, como las destinadas a los trabajadores afectados por las crisis de la minería onubense. en este sentido, su abogado exhibió los convenios sobre las mismas con las firmas de los exdelegados del Gobierno en Andalucía José Torres Hurtado y Juan Ignacio Zoido, hoy ministro de Interior y quien en su día se personó como acusación popular en el caso en nombre del PP-A.

Según Antonio Fernández, de los 6.300 trabajadores andaluces que se beneficiaron de esas ayudas, alrededor de 800 recibieron pólizas de rentas de prejubilación cofinanciadas por la Junta y el Estado.

«15 O 20 INTRUSOS» / En un momento del interrogatorio su letrado le preguntó por los conocidos como «intrusos», personas que recibieron ayudas a la prejubilación en ERE de empresas para las que nunca trabajaron, pero Fernández redujo a un máximo de «15 o 20» las personas que la propia Junta, tras revisar las ayudas, considera que realmente no tenían derecho a las mismas.

Ante las acusaciones de que el sistema buscaba eludir los controles establecidos, el exconsejero defendió que «en una administración como la Junta de Andalucía es imposible» pensar que se pueda llegar a crear «un procedimiento para engañar» ya que toda iniciativa «deja huella» y participan «un conjunto de funcionarios».