La Junta de Andalucía podrá expropiar temporalmente a los bancos, durante un periodo de tres años, las viviendas sobre las que pesen un expediente de desahucio siempre que en ella vivan familias en riesgo de exclusión. Estas pagarán a la administración un alquiler equivalente al 25% de sus ingresos familiares.
El Gobierno andaluz impondrá sanciones muy graves, de hasta 9.000 euros, por cada casa vacía en manos de bancos, promotoras o inmobiliarias si no las ponen en alquiler. Los propietarios individuales no serán multados.
