Los expresidentes del Parlamento andaluz Manuel Gracia, Javier Torres Vela y Fuensanta Coves coincidieron en subrayar ayer que los diputados tenían información suficiente sobre la partida presupuestaria destinada a las ayudas de los ERE y rechazan que fueran «engañados» respecto a su gestión y pago. Los tres testificaron en el juicio de la pieza política del caso. Gracia, que presidió la Cámara entre el 2012 y el 2015, aseguró que los parlamentarios «sabían perfectamente que la finalidad del programa eran ayudas a empresas en crisis para el mantenimiento del empleo», informa Efe.

Las ayudas eran concedidas por la Dirección General de Trabajo y pagadas por el ente público IFA (luego IDEA) con fondos que la Consejería de Empleo le remitía mediante transferencias de financiación, una herramienta cuyo uso la Intervención alertó de que era «inadecuada» al estar destinada a equilibrar pérdidas y ganancias de los entes instrumentales. Sin embargo, para Gracia, «es absolutamente evidente que la voluntad del Parlamento de Andalucía era la de que esa financiación era para ayudas sociolaborales, en modo alguno para equilibrar pérdidas y ganancias del IFA» y considera que todos los diputados eran «plenamente conscientes» de ello cuando votaban el Presupuesto. «No fueron engañados, la prueba es que enmendaban esa partida presupuestaria para incrementarla», alegó.

A preguntas del fiscal, Manuel Gracia admitió que no conoció el convenio de 2001 que implantó el sistema ni que con éste las ayudas carecían de fiscalización previa, pero defendió que «no hay una definición jurídica de las transferencias de financiación» y que, a su juicio, cuando en la Ley de Presupuestos aparece que se destinan a ayudas sociolaborales «está modificando el estatus legal».

Por su parte, el que fuera presidente del Parlamento del 1996 al 2004, Javier Torres Vela, coincidió en que los parlamentarios «tenían todos los instrumentos a su alcance para votar de forma consciente». «No interpreto yo que hubiese posibilidad de ser engañado (...) Que 109 diputados a los que atribuyo una enorme responsabilidad como representantes del pueblo andaluz fuesen engañados lo considero difícil», insistió. No obstante, a preguntas del fiscal sobre su conocimiento de cómo se articulaba esa línea de ayudas, respondió que conocía las situaciones de crisis empresariales «pero no tenia conocimiento del mecanismo de ejecución».

La que fuera presidenta del Parlamento del 2008 al 2012, Fuensanta Coves, admitió que no conoció cómo se articulaban las ayudas de los ERE porque «la presidenta del Parlamento no entra a debatir un programa puntual». A preguntas de la defensa del exconsejero Fernández subrayó que «nunca nadie me hizo llegar ningún problema, duda o alusión» respecto al programa presupuestario de esas ayudas que aparecían en los Presupuestos, una ley «ampliamente debatida» que «debo entender que ha sido visada por todos los diputados».

También subrayó la expresidenta que ni la Cámara de Cuentas ni la Oficina de Control Presupuestario ni los letrados del Parlamento de Andalucía hicieron llegar «ni siquiera alusión a algún proceso irregular que afectara a ninguna partida presupuestaria».