El exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río declaró ayer que hasta la investigación judicial del caso ERE desconocía el convenio marco del 2001 entre la Consejería de Empleo y el ente público IFA que implantó el llamado «procedimiento específico» para el pago de las ayudas de los ERE. Del Río, que se enfrenta a diez años de inhabilitación acusado de prevaricación, afirmó que «desde el punto de vista de la literalidad» de las competencias del Gabinete Jurídico, dicho convenio hubiera requerido un informe de los letrados de la Consejería de Empleo, si bien a preguntas posteriores de su abogado matizó que «aunque sea un informe preceptivo» sin la solicitud previa del organismo correspondiente no se podía hacer. «Si lo hubieran pedido se hubiera hecho porque la asesoría jurídica era a demanda», dijo, tras subrayar que el Gabinete Jurídico «no era un órgano de control» y que los servicios jurídicos de las consejerías gozaban de autonomía y sus informes no pasaban por los servicios centrales. Gran parte del interrogatorio del fiscal a quien dirigiera el Gabinete Jurídico de la Junta entre 1982 y 2012 se centró en su papel como miembro del Consejo Rector de IFA (luego IDEA) en el que dijo que no asistió a la reunión en la que se presentó el convenio marco del 2001 por el que el IFA pasó a pagar las ayudas de Empleo con fondos transferidos por esta Consejería.

Del Río rechazó todo conocimiento sobre el objetivo del programa presupuestario con cargo al cual se pagaban esas ayudas. Negó que llegara al Gabinete Jurídico el informe de la Intervención con reparos a la ayuda a la empresa Hijos de Andrés Molina a raíz de los cuales se implantó el «procedimiento específico» de concesión y pago mediante el convenio marco entre Empleo e IFA/IDEA.

Antes de Del Río terminó de declarar el exdirector de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, que a preguntas de su abogado defendió que la agencia pública aprobara los convenios para pagar ayudas concretas concedidas por la Junta como «entidad subordinada» al Ejecutivo andaluz.

«Si una Dirección General dispone de todos los servicios jurídicos y técnicos, lo único que se puede deducir es que hay todo un expediente administrativo detrás del convenio que se nos pone para firmar y que lleva el visto bueno de los distintos servicios», advirtió Serrano, que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.