El exinterventor de la Consejería de Empleo Carlos González Laguillo declaró ayer -en la pieza política del caso ERE- que su función fiscalizadora está reglamentada y «el interventor delegado no es una policía de investigación, no podemos ir más allá de lo que nos corresponde, no podemos pretender ser salvadores del mundo». A preguntas del fiscal y de varias defensas, el testigo -que fue interventor delegado de la Consejería de Empleo entre el 2001 y el 2003- aseguró que su misión fiscalizadora se limitaba a controlar el traspaso de fondos de Empleo (que concedía las ayudas) al ente público IFA (luego IDEA) mediante transferencias de financiación pero no para qué se destinaban. «Yo en lo que se lo gasta el IFA lo desconozco ni tengo que verlo. No me corresponde hacerle el seguimiento», alegó González.