El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 20 ex altos cargos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos se retomó ayer con el interrogatorio al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y no ha ratificado sus primeras declaraciones ante la Policía Nacional, la Guardia Civil y la juez instructora que comenzó a investigar los hechos, Mercedes Alaya, alegando que cuando las hizo tenía una «tremenda presión mediática y de la Policía» para que declarara.

Pasadas las 10,30 horas de ayer, informa Europa Press, comenzó la séptima sesión de la vista oral con el interrogatorio a los imputados, siendo el primero el ex director general de la Junta, que se acogió a su derecho constitucional a no declarar, expresando del mismo modo que no va a contestar a ninguna pregunta del Ministerio Fiscal y las acusaciones del PP-A y Manos Limpias, de forma que sólo contestará a las que le realice su abogado, Fernando de Pablo.

Tras la lectura de la primera declaración, realizada en marzo de 2011 ante la Policía, De Pablo preguntó a su cliente si ratificaba la misma, a lo que Guerrero afirmó que «no», alegando que cuando la hizo «tenía una presión tremenda mediática y de la policía para que declarara». «No la voy a ratificar», ha reiterado, añadiendo que la declaración leída «no recoge exactamente lo que dijo textualmente» en algunas cuestiones.

Igualmente alegó los mismos motivos para no ratificar la primera declaración realizada ante la Guardia Civil el 26 de enero de 2012 y la segunda el 21 de febrero del mismo año tras ser preguntado por su abogado.