La primera gran movilización de la escuela pública contra el gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía se ha saldado con un éxito de convocatoria según los sindicatos, que han cifrado el seguimiento entre el colectivo de docentes en el 80% y han hablado de una incidencia “prácticamente absoluta” entre los estudiantes de Secundaria. Al tiempo, han subrayado el seguimiento “masivo” de las movilizaciones celebradas en las distintas capitales andaluzas. Sin embargo, el Ejecutivo andaluz y los partidos que lo sostienen, que niegan que haya motivos para el paro y hablan de convocatoria “ideológica”, redujeron la incidencia de los paros al 10,9%.
La protesta, a la que estaban llamados más de 100.000 funcionarios docentes y personal laboral y 1,6 millones de alumnos, quería mostrar el malestar con el último decreto de escolarización. La Plataforma Andaluza por la Enseñanza Pública, que aglutina a las organizaciones sindicales UGT, CGT, CCOO y Ustea, la Confederación de Asociaciones de padres y madres (Codapa) y el Frente de Estudiantes (FdE),ha entendido que da oxígeno a la concertada en vez de potenciar y solventar las deficiencias de las escuelas públicas. Según el gobierno andaluz, el decreto busca ampliar las opciones de las familias para poder elegir este tipo de centros aunque no se encuentren en su demarcación escolar. Pero sindicatos y confederaciones de ampas consideran que esconde un intento de, llegado el momento, cerrar líneas en los centros públicos y prescindir de profesores interinos con el argumento de que no hay demanda ni alumnado.
Para el PSOE andaluz, la convocatoria de paro “ha sido una bofetada a las políticas de derecha y de extrema derecha del Gobierno de la Junta y de su presidente, Juanma Moreno”, según ha apuntado el portavoz parlamentario José Fiscal, que ha calificado de “ataque frontal” a la educación pública el decreto de escolarización aprobado hace unas semanas y reclamó su retirada. “Si quiere modificar la educación, que lo haga con el consenso de la comunidad educativa y teniendo como línea roja la educación pública, que es la que nos hace iguales y da las más oportunidades independientemente de las posibilidades económicas de las familias”, apuntó. Desde el PP andaluz, por el contrario, insistieron en que “no existen argumentos técnicos, económicos o de ningún otro tipo que la justifiquen”, por lo que se trata de una convocatoria “clarísimamente política”, reprochó el portavoz popular en la Cámara regional, José Antonio Nieto.
El decreto aprobado el pasado mes de febrero, que la Plataforma andaluza por la Enseñanza Pública asegura no ha sido consensuado, no modifica sustancialmente los criterios de baremación. Pero atiende a una vieja demanda del electorado tradicional del PP, que año tras año tiene que ver como sus aspiraciones de matricular a sus hijos en los colegios concertados -en un 90% de carácter religioso- caen en saco roto y deben 'conformarse' con la enseñanza pública por falta de plazas. Una matriculación que, además, provocó no pocos problemas en el pasado, con empadronamientos falsos para poder acceder al centro deseado y padres espiándose para comprobar los lugares de residencia y reclamar las plazas que consideraban adjudicadas irregularmente.
Derecho a "elegir libremente"
El consejero de Educación Javier Imbroda (Cs) ha defendido durante su presentación que se "avanza en el derecho de las familias a elegir libremente el proyecto escolar que quieren para sus hijos". Aunque bien es cierto que, al ser las plazas concertadas las mismas, no se garantiza que las obtengan. El decreto establece que las familias que no tengan en su demarcación un colegio concertado tendrán derecho a acceder a uno, siempre y cuando haya un centro de esas características en su localidad. Y, además, todos los colegios concertados que no tengan Bachillerato estarán adscritos a uno público que sí lo imparta, lo que evitará que muchos alumnos abandonen el centro privado antes de terminar la Secundaria para entrar en uno público y así asegurarse la plaza para Bachillerato, como ocurría hasta ahora. "Se dota de mayor garantía a los centros concertados para su escolarización y todos los alumnos van a saber cuál es su trayectoria educativa", explicó a mediados de febrero el consejero Imbroda.
Ataque a la escuela pública andaluza
Para los sindicatos de docentes y las asociaciones de familias y estudiantes, por el contrario, el decreto es todo "un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza", además de "profundizar" en las políticas de libertad de elección de centro desarrolladas en comunidades como Madrid, donde rige el distrito escolar único. Un modelo que temen que acabe implantándose, pese a que hasta el momento la Consejería de Educación ha afirmado no compartir.
"La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de ‘demanda social’ traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, y tal y como advierten numerosos estudios realizados al respecto", reprocha la Plataforma andaluza, que reclama al ejecutivo regional que no renuncie a su tarea de "garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad". "Y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho", insisten.
Cierre de aulas
Más que el decreto en sí, lo que temen los sindicatos es el escenario que se avecina, anticipado por Imbroda al señalar que "este Gobierno responderá a la demanda social de las familias". Es decir, que bajo el criterio de atender esa demanda social en los próximos años, se abra la puerta a la supresión de unidades públicas en vez de mejorar su calidad y dotarla de más recursos. "Esta plataforma no puede compartir el hecho de que en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a favorecer a la educación concertada y a sus patronales", señalaron en el manifiesto de convocatoria del paro, en el que recordaron que la escuela pública "lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años".
