La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha comenzado a abonar otro 25% de la paga extra de 2012 al conjunto de empleados públicos de la comunidad autónoma, de forma que más de 270.000 profesionales del sector público andaluz percibirán, junto con la nómina del mes de febrero, el importe equivalente a 46 días, tal y como establece el calendario para la recuperación de derechos acordado con los sindicatos en junio de 2016.

Según indica la consejería en una nota, este pago se suma a los 48 días que se abonaron el pasado mes de septiembre y los 44 días liquidados en febrero de 2016, de modo que ya se ha procedido a la devolución del 75% de la paga extra. La consejería que dirige María Jesús Montero incorporará la cantidad restante en la nómina de los empleados públicos correspondiente a febrero de 2018.

El Gobierno andaluz cumple así con su compromiso de «restitución total de los derechos suspendidos a los profesionales de la administración pública como consecuencia de la aplicación de las medidas de estabilidad presupuestaria impuestas por el Estado en el año 2012».

Esta medida se suma a otras que ya se están aplicando como la recuperación de la totalidad de las pagas extra, la restitución de los días adicionales de vacaciones y de asuntos particulares por antigüedad y la revisión del catálogo de enfermedades con derecho al cien por cien de incapacidad temporal. Asimismo, el 16 de enero se recuperó en el sector público andaluz la jornada laboral de 35 horas semanales.

El sindicato FESP-UGT valoró ayer el hecho de que en esta semana se comience a abonar el tercer tramo de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y aseguró que la central rechazará exclusiones del acuerdo que se firmó el pasado 2 de junio de 2016 con la Junta . En una nota, el sindicato precisó que al finalizar este mes se cobrará el tercer tramo correspondiente a la paga extraordinaria de diciembre de 2012, así como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes. Esta medida forma parte del calendario de recuperación de los derechos perdidos firmados.