Hoy entra en vigor la norma que permitirá a la Junta multar con 9.000 euros las casas vacías de bancos e inmobiliarias y expropiar durante tres años el uso de las viviendas en los casos más graves de familias a punto de ser desahuciadas. El decreto, propuesta estrella de IU y la primera gran ley de calado del Gobierno de coalición, ha despertado críticas y aplausos a partes iguales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy estudiará su encaje legal para decidir si lo recurre, pero ya el PP dejó ayer claro que no le gusta nada el decreto andaluz porque "atenta contra la propiedad privada". La Junta insiste en que tiene "plenas garantías jurídicas" y el presidente, José Antonio Griñán, ve el decreto "plenamente constitucional". Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún no se ha pronunciado formalmente, su portavoz, Gabriela Bravo, consideró "positiva" la ley andaluza y alabó su "sensibilidad".
Gobierno central, bancos y demás afectados por el decreto están expectantes a su publicación hoy en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). Una vez visto la letra pequeña del texto legal, el Ejecutivo de Rajoy tomará una decisión sobre su constitucionalidad. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fue ayer cauteloso: "El Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida y cuáles son sus hipotéticos efectos, y lo vamos a hacer con toda la seriedad que merece el asunto y desde la consideración que es importante". En todo caso, el ministro aseguró que la respuesta al drama de los desahucios tiene que ser "nacional" para que cubra a "todos los ciudadanos" por igual.
RECURSOS // Si finalmente el Gobierno acude a los tribunales se tratará del tercer recurso contra una ley andaluza. Ya ha llevado al Constitucional la subasta de medicamentos y las oposiciones a profesor. La Junta, por su parte, ha recurrido los recortes en sanidad, en educación, la liberalización de horarios comerciales, las tasas judiciales y las normas de energías renovables. El recurso al decreto andaluz de vivienda es una amenaza real, muy posible a tenor de la trayectoria entre ambos gobiernos y teniendo en cuenta que el decreto supone un "cambio radical" con toda la legislación actual, tal y como reconoció el martes la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU). Ayer volvió a asegurar, en declaraciones a la SER, que la norma tiene "garantías jurídicas absolutamente plenas porque hay artículos de la Constitución, del Estatuto y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la avalan".
El amarre jurídico es uno de los aspectos que más ha retrasado la aprobación del decreto, además de las tensiones y el pulso mantenido entre los socios del Gobierno (PSOE e IU). Los socialistas eran más reacios a dar luz verde a una ley que contempla medidas tan radicales como la expropiación y que le supondrá enemistarse con bancos y empresarios. Sin embargo, desde que se aprobó en Consejo de Gobierno, el PSOE-A en bloque ha cerrado filas con una norma que tiene el sello de IU. El presidente Griñán defendió ayer que la ley contra los desahucios es "plenamente constitucional" e invitó al PP andaluz a presentar enmiendas durante su tramitación parlamentaria "si considera que hay inseguridad jurídica". Respondía así al líder de los populares andaluces, Juan Ignacio Zoido, quien alertó sobre la "inseguridad jurídica" del decreto y lo consideró una "mala copia" de las medidas tomadas por Rajoy.
El presidente de la Junta dijo que tiene la "tranquilidad de que los servicios jurídicos han estudiado profundamente esta normativa y creemos que es plenamente constitucional" y recordó la sentencia del Constitucional de 1987 sobre la reforma agraria, que establece que "el derecho de propiedad lleva como algo inescindible su utilidad y función social".
En clave nacional, los discursos políticos se repitieron. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, acusó a la Junta de recurrir a la "demagogia" y el "populismo" y consideró que el decreto andaluz vulnera el derecho de propiedad. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sostuvo que la norma de la Junta confirma que se pueden hacer "muchas más cosas de lo que está haciendo el Gobierno" del PP y su número dos en el partido, Elena Valenciano, manifestó que "si aquí no hay izquierda, que baje Dios y lo vea".
IU SE MUESTRA "ORGULLOSA" // IU se declaró ayer "orgullosa" por el paso adelante para frenar los desahucios. El argumento de IU es el siguiente: si el PP bloquea una medida que va encaminada a parar los desalojos, tendrá "muy difícil explicárselo" a la ciudadanía. El líder de IU y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, consideró un "error" que el Gobierno recurriera la expropiación temporal de viviendas y se posicionara "del lado de los bancos y de los sectores especulativos".
Para el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, el decreto "saca las vergüenzas" al Gobierno central. El portavoz de IU en la Cámara, José Antonio Castro, elevó el tono y acusó a Zoido de actuar como un "asustaviejas al servicio de la banca y de las inmobiliarias" por sus críticas a la ley, una "grosería" que el PP-A le exigió que retire.
Al margen de la pelea política, el colectivo más satisfecho con la norma andaluza fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su portavoz, Ada Colau, calificó de "ejemplo" el decreto e instó al resto de comunidades a que "tomen nota". "Es cuestión de voluntad política el hecho de poner límites a las entidades financieras", dijo. Los promotores ya han anunciado que sopesan recurrir la norma andaluza y los bancos no quisieron pronunciarse hasta que no se publique en BOJA. Sindicatos y Defensor aplaudieron esta ley pionera, que Canarias está dispuesta a imitar y que la coalición IU en Extremadura baraja presentar en esta región.
