La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este miércoles en el Pleno del Parlamento la constitución de "una renta mínima de inserción social como prestación garantizada del sistema público de Servicios Sociales de Andalucía", y cuyos beneficiarios serán "las familias que dispongan de unos recursos mensuales inferiores a 415,35 euros si es una sola persona".

Así lo ha anunciado la presidenta andaluza en el transcurso de su comparecencia a petición propia sobre la situación política de Andalucía, y tras explicar que en los últimos meses ha mantenido reuniones con sindicatos, empresarios, la Red de Lucha contra la pobreza, Cáritas, Cruz Roja, Cermi y asociaciones del tercer sector.

Ha señalado que, "tras analizar la situación, la Junta de Andalucía se propone constituir una renta mínima de inserción social como prestación garantizada del sistema público de Servicios Sociales de Andalucía, modificando Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, que creó el ingreso mínimo de solidaridad".

"Esa renta mínima de inserción social que nos ha sido demandada la recoge este Gobierno y la hace suya", ha afirmado la presidenta, aclarando que "el objetivo no es otro que erradicar la pobreza, que es una gran fuente de exclusión social, marginación y desdicha, con la que los andaluces no debemos resignarnos a convivir".

Susana Díaz ha concretado que "los beneficiarios de esta renta mínima de inserción serán las familias que dispongan de unos recursos mensuales inferiores a 415,35 euros, si es una sola persona".

Según ha precisado, estas familias, "por un máximo de doce meses, recibirán una prestación económica mensual del 78 por ciento del Iprem, incrementada en un diez por ciento por cada persona integrante de la unidad familiar distinta de la persona solicitante de la misma, hasta un máximo equivalente del 125 por ciento de dicho Iprem".

Ha avanzado además que "se discriminará positivamente a las unidades familiares con menores de edad a su cargo y mujeres víctimas de violencia de género".

Susana Díaz también ha apuntado que la Estrategia de intervención en zonas desfavorecidas por parte de la Junta "definirá un nuevo mapa de Zonas con necesidades de Transformación Social, atendiendo a la situación de desigualdad o exclusión social existente, y tendrá un impacto directo en 500.000 andaluces, con una financiación de casi 170 millones de euros, a través de proyectos subvencionados tanto a las entidades locales como a entidades privadas sin ánimo de lucro".

VIOLENCIA DE GÉNERO

La presidenta también se ha referido a la violencia de género, señalando al respecto que desde la Junta se continúa "ampliando los servicios de prevención y protección", y en esa línea ha anunciado que, "ante el repunte del número de menores víctimas de violencia de género", la Junta "pondrá en marcha en el plazo de tres meses un itinerario personalizado a menores para garantizarles un espacio de seguridad y de acompañamiento lejos del foco de la violencia".

Asimismo, ha anunciado que la decisión de que la Junta "se persone en los casos en los que los menores sean víctimas de violencia de género, igual que ya lo hacemos en el caso de mujeres". "Tenemos que hacer el mayor esfuerzo para evitar casos tan trágicos como el reciente de Arcos" de la Frontera (Cádiz), ha apuntado en alusión al asesinato registrado la pasada semana de un bebé de ocho meses de edad a manos presuntamente de su padre.

Susana Díaz ha defendido que el Gobierno andaluz actúa "con todas nuestras fuerzas contra la lacra de la violencia machista", pero "somos conscientes de que es necesario adoptar medidas que escapan a nuestras competencias", ha apostillado.

Así, ha reclamado al Ejecutivo central "la aprobación de una ley específica de protección de menores víctimas de violencia de género, que regule de forma integral la protección de los menores como víctimas de violencia machista, recogiendo dicha ley toda la legislación vigente al respecto en la materia".

También ha instado al Gobierno de la Nación a "acometer, con carácter de urgencia, la suspensión del régimen de visita a las hijas e hijos menores para las personas denunciadas o condenadas por maltrato".