El aumento de la seguridad ciudadana es la demanda más inmediata que hacen en el Campo de Gibraltar para atajar el problema del narcotráfico. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policías (SUP) estiman que haría falta un incremento de entre 500 y 600 efectivos para ofrecer un servicio normalizado a la población de la zona. Lamentan que en ocasiones los turnos se realizan con una o dos patrullas, a veces ninguna y tirando de patrullas de municipios cercanos, por lo que las dificultades para frenar a los delincuentes aumentan proporcionalmente al espacio a vigilar. Cuando murió atropellado un agente de policía local persiguiendo a un contrabandista, se desplegaron fuerzas especiales en la zona, pero solo durante tres meses. «Luego llegó lo de Catalunya y se trasladaron allí», lamentan. Desde la AUGC, José Encinas no quiere entrar en polémicas con el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que el miércoles presumía de la eficacia de la plantilla policial en la zona y la consideraba «adecuada». Con ella, aseguró, se ha detenido a 518 personas e incautado 183 toneladas de hachís a lo largo de 2017. No le falta razón, ya que en Cádiz se producen el 70% de las incautaciones en la lucha contra el narcotráfico. Pero Encinas subraya que el problema es que el catálogo de puestos de trabajo, y de medios, se corresponde con el de hace 15 años. Y la realidad actual es muy diferente. Como ejemplo pone que el radar incautado a los narcos hace unos meses para controlar a los agentes era mucho mejor que el dispositivo de vigilancia contra la inmigración irregular en el Estrecho, el famoso SIVE, «que era puntero, sí, hace tres lustros», sentencia. J. C.
