El Defensor del Pueblo ha enviado a un equipo de dos técnicos a inspeccionar las condiciones del Centro penitenciario de Archidona (Málaga), donde fueron internados 464 inmigrantes tras su llegada a la Península. Según han explicado fuentes de la institución, la visita de los técnicos, que ha sido «sin previo aviso», se produjo la tarde del jueves con la intención de elaborar un informe, tras las quejas presentadas ante el Defensor por diversas organizaciones sociales.

Organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Federación SOS Racismo, Médicos del Mundo o la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, entre otras, han denunciado como una «práctica absolutamente ilegal» el internamiento los inmigrantes en un centro penitenciario. También Cáritas ha pedido la actuación del Defensor del Pueblo y ha pedido la libertad de los migrantes, porque recuerda que «el marco jurídico español impide internar en una cárcel a personas que no han cometido delitos».

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido, en declaraciones en la Ser, «prudencia» hasta que se conozcan las condiciones en las están los migrantes en esas dependencias y ha recordado que «han llegado allí con el aval de cinco jueces de Murcia y el fiscal, que ha dicho que lo importante no es el habitáculo, sino las condiciones». Para Fernández Marugán, aunque la situación «no es alarmante», cree que España «debería tener un sistema de acogida que funcionase razonablemente bien porque es un país desarrollado y este tipo de fenómenos no deberían producirse».

Por otro lado, una delegación de Unidos Podemos integrada por el eurodiputado Miguel Urbán y la senadora Maribel Mora ha intentado visitar la cárcel de Archidona, pero este ministerio no se lo ha autorizado. En un comunicado difundido ayer, la formación morada asegura que el Ministerio del Interior se niega a permitir esa visita «urgente» bajo el argumento de que los funcionarios de Policía encargados de la custodia del recinto malagueño están «desbordados».

Entiende este partido que los inmigrantes, llegados en los últimos días en patera a la costa mediterránea, están «recluidos» en el Centro Penitenciario Málaga II, algo que consideran «a todas luces ilegal».