La defensa del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías fue la encargada de justificar ayer la petición de nulidad de la prueba pericial practicada en el juicio de los ERE, a la que se han adherido varios abogados, al cambiar su labor de seguir el destino del dinero público por una «lección de Derecho». El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda representa a Zarrías, que afronta diez años de inhabilitación acusado de prevaricación, y como anunció en sus conclusiones definitivas, iniciaba su informe final impugnando la prueba pericial, una impugnación a la que se han adherido la mayoría de las defensas.

Durante mes y medio, tres peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) -cuyos informes son claves para las acusaciones- y cuatro peritos propuestos por algunas defensas respondieron conjuntamente a las preguntas de las partes y debatieron sobre sus opuestos argumentos técnicos respecto al llamado «procedimiento específico» usado para dar y pagar las ayudas investigadas. El letrado de Zarrías ha recordado que ya en la instrucción mostró su rechazo a los sucesivos informes que por mandato judicial elaboró la IGAE, al considerar que tanto los informes pedidos a estos peritos por la jueza Mercedes Alaya como el magistrado del Supremo Jorge Barreiro cuando investigó a los entonces aforados eran periciales jurídicas, prohibidas en el Código Penal.

Alaya encargó a la IGAE una «pericial sobre aspectos contables» pero les pidió analizar la normativa legal aplicable a las ayudas, una cuestión puramente jurídica, mientras Barreiro les pidió un informe sobre los temas que trataban las reuniones de viceconsejeros de la Junta que Zarrías presidía, algo que «no puede ser objeto de investigación por un perito», además de que celebró «reuniones privadas con los peritos sin estar la causa secreta».

La defensa de Zarrías vuelve a impugnar la prueba pericial practicada en el juicio por entender que en el mismo, los peritos de la IGAE «abandonaron» definitivamente el objeto inicial de su labor, «el seguimiento del dinero público, quién se lo había llevado, para convertir la pericial en una pretendida lección de Derecho» y además señalar «la responsabilidad penal de los acusados». «Un economista viene a clarificarlos una legislación que considera que es tan técnica que si no nos la clarifica él no la vamos a entender», criticó en alusión a quien ha actuado en el juicio como portavoz del equipo pericial de la IGAE, Ángel Turrión.

Las «desviaciones puntuales» de fondos públicos han pasado «a un segundo plano» y «todas las ayudas son fraudulentas porque ahora lo fraudulento es el procedimiento, ya no importa el destino final del dinero, lo cual permite acudir a la hipérbole de los 800 millones malversados con la que nos vienen machacando», subrayó. Además, añadió, «se ha franqueado una línea roja al convertir esta pericial en una pericial sobre culpabilidad», pues el letrado del PP-A preguntó a los interventores estatales por la participación de todos los acusados en los hechos objeto del proceso y «lo que debió hacer» cada uno, «una flagrante vulneración de la Constitución que reserva la función de juzgar a los tribunales». Finalmente el letrado ironizó con que «curiosamente» los peritos eran «nueve, como los miembros de un jurado» para denunciar que la Fiscalía y las acusaciones buscaban de ellos «un veredicto».