El Gobierno andaluz ha abierto la puerta a la eliminación de los aforamientos en Andalucía sin el apoyo del PSOE-A si el resto de fuerzas representadas en la Cámara andaluza apoya la proposición de ley presentada por PP-A y Cs y que podría debatirse en el próximo Pleno del Parlamento si así lo aprueba la Mesa del Parlamento. Una vez aprobada la ley, el Gobierno tiene que posicionarse y habría que hacer un referéndum para la reforma del Estatuto de Autonomía. Así lo anunció ayer el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en el Palacio de Guzmán, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Marín explicó que dicha iniciativa se someterá a votación en la Cámara andaluza y que el resto de formaciones, a excepción del PSOE-A, están dispuestas a apoyarla. Una vez aprobada, se remitirá al Gobierno central, que tendrá que pronunciarse sobre si existe incompatibilidad con la ley orgánica. Y, posteriormente, habría que realizar un referéndum sobre la modificación del Estatuto de Autonomía, relató el vicepresidente de la Junta.

Así, tras pedir a los socialistas que «dejen de marear la perdiz» remitiéndose a un acuerdo nacional para reformar la ley orgánica, el número dos del Gobierno andaluz señaló que «hay muy poco que discutir» en este asunto. El vicepresidente indicó que espera que la supresión de los aforamientos salga adelante en el menor plazo y que Andalucía se convierta en la sexta comunidad autónoma que elimina este «privilegio». Según la proposición de ley, dejarían de estar aforados el presidente de la Junta, los consejeros del Gobierno andaluz y los diputados autonómicos.

El PSOE-A ha exigido a la Junta que informe del coste que ha supuesto desplazar ayer la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno a Sanlúcar, sobre todo, cuando el contenido del orden del día es «muy pobre», según el delegado de Universidades de la formación, Antonio Ramírez de Arellano. A este respecto, Marín indicó que es «la primera vez» que los consejeros y el presidente «se pagan la cena de su bolsillo», mientras «otros gastaban dinero público en tarjetas y clubes de alterne». Defendió que es «un acierto» que la reunión semanal del Gobierno andaluz siga desplazándose a diferentes puntos de la geografía andaluza para «acercarnos a los problemas de la gente y porque somos el gobierno de los más de ocho millones de andaluces».