El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este lunes un decreto ley que contempla un paquete de medidas sociales y asistenciales cifrado en 94 millones de euros con el que busca que la crisis sanitaria derivada del coronavirus Covid-19 coronavirus "no deje a ningún andaluz atrás" en materia social. Así lo ha puesto de relieve el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), Elías Bendodo, en rueda de prensa junto al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, tras la reunión del Consejo.
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Bendodo ha detallado, por una parte, que dicho paquete de medidas sociales incluye una extensión del programa de Refuerzo de Alimentación Infantil, coordinado por las consejerías de Educación y Deporte y de Salud y Familias, a 1.861 alumnos en riesgo de exclusión de 19 centros concertados, y a otros 1.000 más de la educación pública. En total, según ha indicado el consejero portavoz, "más de 20.000 alumnos andaluces en situación más vulnerable seguirán recibiendo en sus domicilios, o donde acuerden sus centros, las tres comidas diarias" que contempla el programa.
La Consejería de Educación, en coordinación con los ayuntamientos y las empresas responsables de la distribución de los menús, ya ha iniciado el reparto de comida por los distintos municipios a los alumnos acogidos a este programa. El reparto de estos alimentos se realiza dos veces en semana en las dependencias municipales puestas a disposición por las corporaciones locales. Las familias reciben los packs de desayuno y merienda que ya se les venía entregando a este alumnado antes del cierre de los centros, además de barquetas con el almuerzo.
Ayudas al alquiler
Por otro lado, la Junta se ha comprometido a "facilitar todos los trámites de forma telemática, en la página web de la Consejería de Fomento", Infraestructuras y Ordenación del Territorio, "para agilizar las ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad".
Son unas ayudas que cuentan con un presupuesto global de 57 millones y que van a beneficiar a unas 17.000 familias o, lo que es lo mismo, a unas 50.000 personas, según ha informado la Junta, que aclara que se podrán abonar durante el presente año unos 48 millones de euros, "dando respuesta a las familias, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad que solicitaron la ayuda y que no deben verse afectadas por la suspensión de los plazos administrativos como consecuencia de la crisis del coronavirus".
Estas ayudas convocadas mediante la Orden de 30 de octubre de 2018 tienen un presupuesto de 57.143.793 euros para tres anualidades --2018, 2019 y 2020--, de los que se han emitido resoluciones favorables por 16.136.822 euros.
No obstante, "sólo se habían podido abonar 9.184.495 euros por escollos encontrados en la tramitación", según expone la Junta. Con el nuevo decreto ley, se estima necesario para agilizar los procedimientos que la notificación de los actos administrativos se realice de manera conjunta, mediante su publicación en el BOJA y en la página web de la Consejería, dando aviso a las personas interesadas vía telefónica o por correo electrónico.
Con estas ayudas se subvenciona el 40% de la renta a inquilinos con ingresos limitados y el 50% a personas que hayan cumplido 65 años -- ambas ayudas con un complemento de hasta el 75% en el supuesto de que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad--, mientras que los jóvenes menores de 35 años tienen derecho a una subvención del 50% del alquiler, que no puede superar 600 euros al mes.
Con carácter general, el límite de ingresos para obtener la ayuda es de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
Renta mínima
Por otro lado, desde la Junta van a "conceder todas las solicitudes de renta mínima de inserción social previstas por situaciones de emergencia social que se encuentran ahora en trámite de resolución"; una medida de la que se estima que se van a beneficiar 5.000 familias.
En primer lugar, se procederá a dictar resolución de concesión, dando por cumplidos todos los requisitos y estableciendo la cuantía en función de la composición de la unidad familiar, de todas las solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social en situación de urgencia o emergencia social ya presentadas, siempre que cuenten con el correspondiente Anexo V del Decreto Ley que regula esta prestación, acompañado de informe social.
Además, se procederá a dictar resolución, dando por cumplidos todos los requisitos y estableciendo la cuantía en función de la composición de la unidad familiar, de concesión de las solicitudes de ampliación de esta prestación.
Por último, todas las prestaciones cuyo vencimiento se produzca durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma se prorrogarán de forma automática, considerándose como anticipo a cuenta de la renta y quedando supeditadas a la posterior revisión.
Estas medidas tendrán vigencia mientras se mantenga el estado de alarma declarado por la crisis del coronavirus, según ha aclarado que la Junta, que, además, ha anunciado que está trabajando en la modificación de la normativa que regula la Renta Mínima, teniendo como base las conclusiones de la evaluación del primer año de ejecución del Decreto Ley que regula la Renta Mínima, realizada en colaboración con la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía.
Ayudas económicas familiares
Asimismo, la Junta va a incrementar, hasta los 15.291.608 euros, el presupuesto destinado al programa de Ayudas Económicas Familiares, lo que supone un aumento de un 20% para el ejercicio 2020, así como las medidas a implementar para la agilización de su gestión frente a la situación de emergencia social.
El crédito de estas ayudas proviene de los presupuestos de la Junta y del fondo del Ministerio competente en materia de infancia, de forma que el Gobierno andaluz va a incrementar su partida hasta los 5.105.368 euros, mientras que, sobre el crédito procedente del Ministerio, se destinan 10.186.240 euros.
Se trata de unas ayudas compatibles con la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, por lo que se pueden conceder simultáneamente, según ha concretado Bendodo.
En concreto, las ayudas económicas familiares, reguladas mediante el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, suponen un conjunto de acciones dirigidas a la prevención de situaciones de exclusión social o a la atención de las necesidades alimentarias más urgentes de la sociedad andaluza.
De esta forma, se regula la gestión de estas ayudas mediante la cooperación entre la Junta y las corporaciones locales de su territorio para la adecuada atención de las necesidades básicas de los menores, especialmente de alimentación y de provisión de leche de continuidad.
Sus criterios técnicos establecen la falta de recursos económicos con unos límites de ingresos del conjunto de las personas integrantes de la unidad familiar, sobre la base del Iprem vigente en doce mensualidades y las familias que han de ser atendidas prioritariamente.
En la actualidad, hasta 77 entidades locales se encuentran gestionando el Programa de Ayudas Económicas Familiares, a las que se ha procedido a realizar "una serie de indicaciones sobre flexibilización en la gestión que, dentro del marco jurídico establecido, permitan contribuir a la celeridad y agilización en la tramitación durante este periodo de crisis ocasionado por el Covid-19", según ha informado la Junta.
