El pleno del Tribunal Constitucional acordaba el pasado martes por unanimidad levantar la suspensión de los dos artículos del «súper decreto» de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía que recurrió el Gobierno, relativos a la ley audiovisual y a intervenciones en Bienes de Interés Cultural.
El auto razona que el Gobierno central, que es a quien le corresponde la carga de alegar estos incidentes, no ha demostrado que la eficacia de la norma andaluza pueda originar daños irreparables al patrimonio histórico y ni siquiera ha argumentado suficientemente qué perjuicios le puede ocasionar al interés general o particular digno de protección.
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, saludaba en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que el Tribunal Constitucional le «da la razón a la Junta con una "respuesta contundente».
Además, explicaba que las conversaciones con el Ejecutivo nacional para negociar estos dos puntos «siguen en curso» pero añadía que el Constitucional «ha parado el ataque del PSOE a la autonomía de Andalucía".
Bendodo lamentaba, así, que el recurso y la posición del PSOE en este asunto ha demostrado el interés de ese partido «por torpedear todo lo que pone en marcha el Gobierno de Andalucía».
«A los andaluces no se les puede boicotear porque ya no votan al PSOE», añadía Bendodo, quien lamentaba que la líder de los socialistas, Susana Díaz, dirija al partido con una «oposición por destrucción».
En respuesta a este, el portavoz adjunto del grupo socialista, Manuel Jiménez Barrios, denunciaba que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, «falta a la verdad, en un comportamiento detestable desde el punto de vista democrático», ya que el Constitucional «no se ha pronunciado sobre el fondo del decreto de simplificación».
El representa socialista esgrimía que la decisión significa que «solo ha levantado la suspensión cautelar de los preceptos recurridos por el Gobierno central, por vulneración de competencias estatales».
Por ello, Jiménez Barrios sostuvo que el recurso presentado en junio por los 50 senadores socialistas ante el TC sí afecta a todo el decreto, y que aún el tribunal no se ha pronunciado sobre él.
«El recurso del PSOE abarca el fondo y a la forma del decretazo de Moreno Bonilla, porque con la excusa de la covid-19 han hecho una barbaridad jurídica que pone patas arriba el ordenamiento de la comunidad para favorecer el pelotazo urbanístico, entre otros muchos otros fraudes», denunciaba.
Para el portavoz, el Gobierno andaluz «se agarra a este incidente procesal para intentar salvar la cara de un grave atentado cometido con el ‘decretazo’
