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JUICIO DEL CASO DE LOS ERE

Chaves: "Sabía que en la Junta se daban ayudas sociolaborales pero no cómo"

El expresidente de andaluz mantiene que no tuvo conocimiento de las irregularidades. Afirma que no entraban en su "ámbito de decisión"

 

Julia Camacho
16/04/2018

El expresidente andaluz Manuel Chaves, que dirigió la Junta de Andalucía durante 19 años, defendió este lunes ante el tribunal que enjuicia la pieza política de los ERE que era normal que en Consejo de Gobierno conociera y debatiera sobre la situación de crisis de las grandes empresas de la región, pero que aunque conocía que se daban ayudas para la viabilidad de esas empresas, desconocía "cómo se daban, la cuantía o los beneficiarios de las mismas porque no era mi ámbito de decisión". Así, y al igual que otros imputados, deja cualquier responsabilidad de las supuestas irregularidades en la gestión llevada a cabo por la Dirección general de Trabajo y la Consejería de Empleo.

La Fiscalía Anticorrupción solo acusa a Chaves de un delito continuado de prevaricación, por el que le pide una condena de diez años de inhabilitación, al entender que nunca puso freno al uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas sociolaborales o a empresas en crisis, un sistema considerado inadecuado porque permitía la discrecionalidad y opacidad y eludir cualquier fiscalización.

"Mi única labor era que se pusiera en macha un plan de viabilidad que diera lugar a un plan de industrial; cómo se hiciera, cómo se negociara, no correspondía a mi ámbito político de decisión", ha insistido a preguntas del fiscal, "y no por dejación de funciones, sino porque en estructura de confianza del gobierno eran otros, los consejeros y directores generales, quienes ponían en marcha ese plan de viabilidad a través de una negociación". Así, ha reiterado que los consejeros me informaban de los datos generales y el plan social, "pero el contenido no lo sabía ni tenía por qué informarme de ese contenido".

LOS REQUISITOS, POR LEY

En respuesta a las preguntas del fiscal, ha insistido en varias ocasiones en que conocía que había ayudas de varios tipos: laborales, educativas, sanitarias… pero no cómo se gestionaban. Y ha apelado a que cualquier requisito estaba en la ley, ya que se recogían en los acuerdos de concertación suscritos con sindicatos y patronales, por lo que para él "era muy difícil pensar que se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para burlar la ley".

En este sentido, ha precisado que los acuerdos de concertación, siete bajo su mandato y recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, recogía la preocupación de los ejecutivos regionales por salvar a empresas en problemas y la necesidad de proteger el tejido productivo y el empleo. Dichos acuerdos "se asumían como obligación contractual" por parte del Gobierno, por lo que cuando se conocía una situación de crisis en alguna de las grandes empresas, se convocaba una mesa de negociación para ver el plan de viabilidad y si podía tener o no ayudas. Y ha reconocido que se reunió con comités de trabajadores de algunas de las grandes empresas, siempre con la presencia de los sindicatos, que eran quienes solicitaban el encuentro. Unas reuniones que, dice, era normal que se produjeran y entraban dentro de la normalidad democrática.

Chaves ha negado haber conocido los reparos expresados por la Intervención general, siquiera a través del consejero de Empleo, ni fue informado de ningún cambio en la metodología. Y conoció después, ya durante la causa, el programa presupuestario de donde se nutrían. "No es dejación de funciones o que queramos esconder nuestra responsabilidad", ha repetido, justificando que "el presupuesto es complejo, 30.000 millones, más que algunos países UE; con una media de 140 programas y miles de aplicaciones presupuestarias". "Por tanto era imposible que un consejo de gobierno pudiera debatir y conocer hasta 180 programas presupuestarios", ha concluido.

DECLARACIÓN EN EL SUPREMO

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo en abril del 2015, defendió que nunca apreció ninguna irregularidad en el pago de las ayudas sociolaborales, remarcando que de haberlas conocido "no las hubiera permitido". Así, precisó que desconocía las transferencias de financiación, el sistema escogido para abonar las ayudas que ordenaba la Consejería de Empleo, ni el convenio marco suscrito en el 2001 que amparaba esta fórmula, así como "nunca" conoció tampoco los informes de la Intervención General de la Junta en los que se alertaba de las deficiencias en el sistema.

En este sentido, Chaves defendió ante el Supremo que todo lo que se aprobó en el Consejo de Gobierno se hacía pensando que era "legal", dado que contaba con los preceptivos informes. Y posteriormente, ha recordado, pasaban al Parlamento para su debate y aprobación con rango de ley, "por lo que no podían ser ilegales". "Se debate si las transferencias de financiación eran adecuadas o no, no lo sé, pero estaban en la ley", ha zanjado.

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2 Comentarios
02

Por vaihingen 16:42 - 16.04.2018

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Lo de inhabilitacion que significa. Que no podra desempeñar cargo publico alguno.? Y a el que mas le da si ya cobra lo suficiente como para no tener que trabajar. Porque no le quitan la paga

01

Por pacarbrio 14:30 - 16.04.2018

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No claro,...era el del carro de los helados,