Un total de 943 mujeres viven en prisión en Andalucía, lo que supone un 6,9% del total de la población reclusa (13.716), según datos de 2019 de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, un colectivo que «se enfrenta a una triple discriminación: social, personal y penitenciaria», según se desprende de las conclusiones del Informe sobre la situación de las mujeres presas. Tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y Andalucía.
El estudio, presentado ayer en Sevilla por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), denuncia que las condiciones de cumplimiento de una condena en España son más duras para las mujeres que para los hombres. Un total de 4.518 mujeres viven en prisión en España, lo que supone un 7,7% del total de población reclusa (59.398).
El informe añade que España es uno de los países con mayor tasa de encarcelamiento femenino de Europa occidental, que Apdha achaca a la «dureza» del sistema penal y el aumento del castigo a los delitos leves, que son los más cometidos por mujeres. En Europa, la tasa es de un 4,5% según el Parlamento Europeo y el promedio de mujeres encarceladas en el mundo es de un 4%, según el Ministerio del Interior.
Del informe se desprende que existen factores que agravan la situación en que viven las mujeres en las prisiones españolas. El primero de ellos es «una mayor precariedad de espacios y, en consecuencia, peores condiciones de alojamiento», se ubican en módulos de centros pensados por y para los hombres, con menor oferta de recursos. Asimismo, al existir pocas prisiones para mujeres, se amplía la lejanía de su entorno familiar y afectivo, lo que dificulta por razón de género su proceso de reinserción social.
Por otro lado, critica Apdha, habitualmente existe un único módulo destinado a mujeres en el que no se separa a las internas atendiendo a criterios de clasificación, por perfiles criminales, edad, adicciones, salud mental o características penitenciarias, como ocurre con los varones.
Entre las conclusiones, consideran «imprescindible» que en todas las provincias existan plazas de mujeres y siempre con igual dotación que las de hombres. Además, es necesario un tratamiento en condiciones de igualdad en cuanto a recursos, actividades y talleres, y unas ofertas formativas y laborales que no se limiten a «tareas de costura y limpieza», que no refuercen roles sexistas, sino que permitan una inserción socio laboral real.
